El Gobierno congela la reforma de Inocencia Fiscal: el caso Adorni obliga a cambiar prioridades en el Congreso
El proyecto de reforma a la Ley de Inocencia Fiscal está listo, pero el caso Adorni lo mantiene en pausa. ¿Qué pasó con los planes de Caputo? Enterate de todos los detalles.
El Ejecutivo ya tiene listo el proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal, pero decidió postergar su envío al Congreso. El escándalo por el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni y la tensión con los aliados parlamentarios forzaron un giro en la estrategia oficialista. La prioridad ahora es sacar adelante las iniciativas que ya están en el recinto.
Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el texto está terminado y pulido, pero la mesa política de Nación -el órgano que define las prioridades legislativas del oficialismo- resolvió no sumar un nuevo frente de debate. En ese ámbito se evalúan costos políticos y se decide qué temas llegan a Javier Milei.
¿Por qué el Gobierno frena la reforma?
La demora no es técnica, sino política. En Balcarce 50 explican que abrir otra discusión legislativa en medio de la crisis por Adorni podría desgastar aún más la relación con PRO, la UCR y los bloques provinciales. El oficialismo ya tuvo que negociar contrarreloj para evitar una derrota en el Senado y busca no sumar nuevas tensiones.
El dato más incómodo es que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias justo cuando la justicia investiga su patrimonio. En el Gobierno aclaran que el trámite no implicó un blanqueo de dólares, pero admiten que el cruce con la reforma vuelve más sensible el envío del proyecto.
De todos modos, en Nación sostienen que la postergación no se explica solo por ese hecho. El argumento central es que no hay margen para sumar negociaciones con aliados mientras intentan contener pedidos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete.
¿Qué proyectos quedaron en la mira?
La decisión oficial es concentrar los esfuerzos en las iniciativas que ya están en el Congreso. En esa lista aparecen el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, el Súper RIGI, la ley de lobby, Hojarasca y Zonas Frías, entre otros. La Casa Rosada cree que dispersar la agenda con nuevas leyes puede complicar aún más la negociación.
La misma lógica alcanza a otros proyectos previstos para las próximas semanas, como juicio por jurados y una nueva tanda de desregulación. En distintos despachos reconocen que esas iniciativas deberán esperar una ventana política más ordenada. “Primero hay que sacar lo que ya está adentro”, resumen en Nación.
El caso Adorni impactó directamente en el calendario. En el Senado, el oficialismo logró postergar una sesión que podía derivar en una ofensiva contra el jefe de Gabinete, pero la discusión quedó abierta para el 25 de junio, con la posibilidad de avanzar hacia una interpelación el 2 de julio. En Diputados, el Gobierno también evalúa con cuidado los tiempos del Súper RIGI y del acuerdo con holdouts.
¿En qué consiste la reforma a Inocencia Fiscal?
El proyecto apunta a modificar el régimen simplificado de Ganancias y a dar más previsibilidad a los contribuyentes. Entre los cambios discutidos con especialistas aparece la eliminación de topes de ingreso y patrimonio para ampliar el universo de adherentes, ajustes sobre la llamada “discrepancia significativa”, más instancias de rectificación antes de perder beneficios, límites al uso de presunciones por parte de ARCA y reglas de bancarización para las operaciones.
El objetivo técnico es reducir el temor a que una persona que ingresa al régimen termine expuesta a fiscalizaciones amplias sobre ejercicios anteriores por errores formales. En Economía sostienen que, si el contribuyente cumple con los requisitos, debe tener un marco de seguridad jurídica más robusto para operar con fondos que hoy están fuera del sistema formal.
La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. El contribuyente podría acceder a condonaciones o mecanismos de regularización si adhiere al régimen y cumple determinadas condiciones. El Gobierno presenta esta arquitectura como una herramienta para formalizar actividad sin lanzar un blanqueo tradicional.
Sin embargo, la discusión política quedó atravesada por el caso Adorni. En la Casa Rosada saben que cualquier modificación que amplíe beneficios fiscales o limite herramientas de control de ARCA puede ser leída por la oposición como una norma a medida del jefe de Gabinete, aunque en Economía insistan en que la reforma fue pensada antes de la crisis actual.
Por eso, el Gobierno eligió frenar el envío y esperar. La mesa política deberá definir cuándo existe margen para reactivar la iniciativa sin sumar ruido a una agenda legislativa ya saturada. Mientras tanto, Caputo mantiene el proyecto listo, pero la Casa Rosada prioriza contener el frente Adorni, ordenar los votos para las reformas que ya están en trámite y evitar que una nueva ley económica termine absorbida por la crisis política del jefe de Gabinete.

