El gobierno bonaerense interviene en Fate: 15 días de negociación forzada para evitar el cierre
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires ordenó una negociación forzada de 15 días entre Fate y el sindicato. ¿Logrará esta medida extrema evitar el cierre definitivo de la planta en San Fernando?
La provincia de Buenos Aires tomó cartas en el asunto ante la crisis que amenaza con el cierre de la planta de Fate en San Fernando. La Dirección Provincial de la Negociación Colectiva dictó un período de 15 días de negociación forzada entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Esta medida busca destrabar un conflicto que se agravó tras el anuncio de cierre realizado hace un mes.
La intervención del gobierno bonaerense llega después de que una conciliación obligatoria dictada por las autoridades laborales nacionales venciera sin éxito este mismo 18 de marzo. La situación no dio señales de mejora, lo que motivó un paso más firme desde la órbita provincial.
La resolución se fundamenta en las facultades que otorga la Ley 10.149, que regula los conflictos colectivos de trabajo en el ámbito de la provincia. Las autoridades consideran que la gravedad del caso justifica una acción directa para preservar la paz social.
Un llamado urgente a la cordura
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, fue quien solicitó formalmente la intervención del estado bonaerense. Al cumplirse un mes del inicio de la crisis, Crespo calificó la actitud de la empresa como “un ilegal, inescrupuloso y temerario lock out patronal”.
El documento oficial no minimiza la situación. Por el contrario, sostiene que “el conflicto colectivo de trabajo planteado es de extrema gravedad”. Agrega que, por consiguiente, resulta necesario disponer medidas para mantener la paz social y promover “una solución pacífica y legal al conflicto existente”.
Obligaciones para ambos bandos
La resolución no se limita a convocar a las partes a dialogar. Establece una serie de obligaciones concretas con el objetivo claro de frenar la escalada del enfrentamiento y generar condiciones mínimas para el diálogo.
Por un lado, intima al sindicato y a los trabajadores a “dejar sin efecto, durante el período” de 15 días, “toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar”. Se busca un alto al fuego inmediato en las acciones de fuerza.
Por el otro lado, la disposición ordena intimar a la empresa empleadora “a abstenerse de cualquier medida contraria a la buena fe negocial”. El mensaje es claro: ambas partes deben cesar hostilidades y sentarse a negociar de manera genuina.
Este plazo de 15 días se presenta como una ventana crítica. El gobierno bonaerense ha activado los mecanismos legales a su disposición para forzar una salida. El futuro de la planta de San Fernando y sus trabajadores ahora depende de lo que suceda en esta negociación forzosa.
