El Gobierno avanza con un nuevo proyecto de financiamiento universitario pese al acuerdo salarial con rectores
El Gobierno no da marcha atrás: pese al acuerdo con rectores, ya prepara una nueva ley de financiamiento universitario. ¿Qué implica para las universidades y el bolsillo de los docentes?
El Ejecutivo nacional no cede en su postura de fondo: insistirá con una nueva Ley de Financiamiento Universitario, incluso si esta semana cierra un acuerdo con los rectores para recomponer salarios y partidas durante 2026. La jugada apunta a reabrir el debate cuando se trate el Presupuesto 2027.
En la Casa Rosada tienen claro el escenario: si la Corte Suprema falla en contra del Gobierno, la administración de Javier Milei quedará obligada a aplicar la ley actual, que el oficialismo rechaza por no especificar de dónde saldrán los recursos. Ese fallo, advierten, llegaría en medio de un ajuste fiscal feroz y con el superávit como meta sagrada.
¿Qué pasa con la demanda judicial?
Las universidades no piensan retirar el reclamo. En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aclaran que el acuerdo económico en negociación no implica desistir de la acción judicial. El expediente sigue en la Corte, después de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario contra la cautelar que favorecía a las casas de estudio.
El entendimiento está previsto para este martes por la tarde, pero en Balcarce 50 advierten que aún no hay nada cerrado. Las conversaciones continúan sobre los términos finales del acta, el alcance de la recomposición y cómo dejar constancia del pacto sin que signifique retirar la demanda.
Los números del acuerdo en danza
Según fuentes universitarias, la propuesta incluye un incremento salarial del 24,33%. El esquema prevé un 21,33% en junio sobre los básicos de mayo de 2026 y otro 3% en octubre sobre los de septiembre. La actualización cubre el desfasaje de 2025, la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y una mejora extra del 7% por pérdida de poder adquisitivo.
El acta también contempla convocar a paritarias con docentes y no docentes cada tres meses como máximo, uno de los reclamos centrales de los gremios. Además, se pactó un 20% de aumento en gastos de funcionamiento desde junio de 2026, $50.000 millones para hospitales universitarios este año y un 50% de suba en las Becas Manuel Belgrano a partir de junio.
La jugada política detrás del acuerdo
En el Ejecutivo buscan presentar el entendimiento como una salida para descomprimir el conflicto, pero sin resignar el planteo de fondo contra la ley aprobada por el Congreso. Sostienen que la norma vigente impacta en el gasto sin precisar los recursos, por lo que debe discutirse dentro del Presupuesto.
El antecedente más cercano fue la propuesta alternativa que el Gobierno trabajó durante el verano, que planteaba modificaciones en lugar de derogar la ley: un 20% para gastos de funcionamiento, actualización salarial escalonada, revisión en junio para compensar IPC y aumentos en becas. Esa vía no prosperó en el Congreso, pero ahora resurge como referencia para el Presupuesto 2027.
La discusión está atravesada por el último recorte presupuestario. Hace menos de un mes, el Gobierno aplicó un ajuste de casi $2,5 billones que afectó educación, universidades, obras y subsidios. En despachos oficiales comparan ese monto con el costo fiscal de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que estiman similar. La decisión incluyó recortes en programas de la Secretaría de Educación, suspensión de transferencias para infraestructura universitaria y bajas en partidas educativas, todo enmarcado en el objetivo de cumplir las metas fiscales.
