El Gobierno apunta contra 45 empresas y accionistas por operar en Malvinas

La Oficina del Presidente confirmó este viernes que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre empresas y personas humanas, por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en violación de la Ley 26.659.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Gobierno advirtió que las sanciones no sólo alcanzarán a las compañías que operan en la plataforma continental argentina, sino también a sus accionistas y a las firmas que les prestan servicios para sostener esa actividad.

El texto oficial sostiene que las islas “son argentinas por historia y por derecho” y que la medida busca frenar el avance de la ocupación sobre los recursos naturales. “Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley”, remarcó el comunicado.

El rol de Pablo Quirno

El anuncio se conoció horas después de que el canciller Pablo Quirno revelara que unas 180 empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en las islas ya fueron notificadas. Esas compañías deberán decidir si continúan con sus operaciones o se exponen a sanciones en el país.

Quirno explicó que las medidas no se limitan a las petroleras que participan directamente de los proyectos, sino que también abarcan a firmas de servicios financieros, logísticos, aseguradores y energéticos que apoyan esas iniciativas.

El canciller recordó que la Ley 26.659, sancionada entre 2011 y 2013, ya contemplaba sanciones para quienes operaran sin autorización argentina en las zonas en disputa. Según detalló, el Gobierno ahora reglamentó la norma para agilizar los procedimientos y reforzar su aplicación.

En ese marco, Quirno planteó que el desarrollo de Vaca Muerta funciona como un incentivo para que las compañías elijan invertir en la Argentina. “Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios”, sostuvo.

El proyecto Sea Lion

La ofensiva del Gobierno está directamente vinculada con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca norte de las Islas Malvinas, operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas compañías tienen licencias otorgadas por las autoridades de las islas, que la Argentina considera ilegales.

El yacimiento tendría alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo, según estimaciones citadas por Reuters. Navitas posee el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%, con inicio de producción previsto para 2028.

Quirno calificó a las petroleras que buscan explotar hidrocarburos en las islas como “una amenaza” y defendió la estrategia del Gobierno: “Valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica”, afirmó durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Misiones.

Por su parte, el Reino Unido rechazó la postura argentina y reafirmó su respaldo al archipiélago. El gobierno británico sostiene que su compromiso con las islas es “absoluto e inamovible” y defendió el derecho de los habitantes a la autodeterminación.

Las empresas involucradas en Sea Lion también cuestionaron el impacto de las medidas y aseguraron que las sanciones anunciadas por el Gobierno no tendrían efectos materiales sobre el desarrollo del proyecto.