El Gobierno apeló el fallo que frenó la privatización de AySA y apunta contra la Defensoría bonaerense

El Ejecutivo nacional presentó un recurso para intentar destrabar la venta de la empresa estatal de agua y saneamiento. En su presentación, cuestionó la legitimidad de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para frenar el proceso.

La apelación fue presentada por AySA ante la Justicia Federal, luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, a cargo de Mariano López, dictara una medida cautelar que suspendió el avance de la privatización. La decisión había sido tomada tras una presentación de la Defensoría bonaerense, que alertó sobre posibles consecuencias en el acceso al agua potable, la expansión de redes y la protección ambiental.

¿Por qué el Gobierno cuestiona la cautelar?

En el oficialismo sostienen que la Defensoría provincial no tiene legitimación para discutir decisiones federales. AySA remarcó que la Corte Suprema ya se pronunció en reiteradas oportunidades sobre este criterio: una defensoría provincial no puede frenar judicialmente un proceso definido por el Estado nacional sobre una compañía bajo órbita federal.

El segundo argumento apunta contra la base técnica de la medida. Desde el Gobierno aseguran que la cautelar se apoya en hipótesis y riesgos potenciales que no fueron acreditados con evidencia “técnica, científica ni regulatoria concreta”. También señalaron que el fallo no identifica incumplimientos efectivos ni daños actuales o inminentes que justifiquen paralizar el proceso.

¿Qué dice la empresa sobre el servicio?

AySA defiende el nuevo esquema como una “modernización estratégica” del servicio. Según la empresa, el régimen normativo fortalece los instrumentos regulatorios para garantizar una “prestación eficiente, sustentable y universal, en resguardo del derecho humano al agua y al saneamiento”. Además, sostienen que el servicio está sometido a controles permanentes por parte de los organismos reguladores competentes, y que no existen observaciones que respalden los riesgos invocados por la Defensoría.

Los plazos de la privatización

El fallo había representado un obstáculo para una de las privatizaciones que el Ejecutivo tiene en calendario. El esquema oficial contempla la venta del 90% de las acciones estatales de AySA y la conservación del 10% restante en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. La apertura de ofertas está prevista para fines de agosto.

La intención de la Casa Rosada es incorporar un operador estratégico nacional o internacional con experiencia en agua potable y saneamiento. El diseño prevé que al menos el 51% quede en manos de ese operador y que el resto pueda colocarse en el mercado de capitales. En Balcarce 50 lo presentan como parte de una agenda más amplia para transferir empresas públicas y concesiones al sector privado antes de 2027.

AySA es uno de los expedientes centrales de esa hoja de ruta, junto con Belgrano Cargas, Intercargo, Correo Argentino, Corredores Viales, la Hidrovía y activos energéticos. En Nación sostienen que las privatizaciones buscan reducir la participación estatal, mejorar eficiencia operativa, atraer inversión y mostrar resultados de gestión antes del calendario electoral.

La apelación de AySA busca destrabar el proceso y recuperar el calendario previsto por el Ministerio de Economía. En los equipos técnicos consideran que la cautelar introduce incertidumbre sobre una privatización que ya tiene plazos formales y que forma parte del paquete de señales económicas hacia inversores. La decisión quedará ahora en manos de la Justicia Federal.