Se esperaba un pedido de mano dura y el abogado de la familia salió a aclarar que no buscan cárcel para menores: la reunión en Casa de Gobierno dejó una medida concreta sobre el colegio y una querella que cambia el eje de la causa.
El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a los padres de la joven damnificada en el caso de bullying del colegio Pía Didomenico. El encuentro tuvo como eje analizar el estado actual de la situación y las medidas institucionales en marcha, según informaron desde el Ejecutivo provincial.
De la reunión participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; la asesora general de Gobierno, Mara Murúa, y el representante legal de la familia.
Un nuevo encuentro esta tarde
Durante la reunión se acordó que esta tarde se concrete un nuevo encuentro con las autoridades del Pía Didomenico y el equipo técnico del Ministerio de Educación y Trabajo. El objetivo es seguir articulando las medidas institucionales que corresponden al caso.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que se mantiene el acompañamiento a la familia y el seguimiento del expediente, en el marco de las actuaciones que llevan adelante los organismos competentes.
La suspensión del aporte estatal
El encuentro con Jalil se produjo después de que, a través del Ministerio de Educación y Trabajo, se resolviera la suspensión por seis meses del aporte estatal al colegio. A esa medida se sumó la solicitud de un Plan de Mejora de la Gestión Escolar.
En paralelo, la Dirección de Mediación Escolar continúa con tareas de acompañamiento y supervisión institucional hasta que finalice el ciclo lectivo.
La querella y la tesis del "plan criminal"
La reunión con el mandatario provincial se dio en simultáneo con avances en el plano judicial. El abogado Roberto Casorla Yalet, representante legal de la familia de la víctima, formalizó la presentación de la querella ante la fiscal de Instrucción N° 7, Paola González Pinto.
En conferencia de prensa, el letrado sostuvo que la estudiante "no fue víctima de bullying, sino de delitos", y remarcó la existencia de un "plan criminal" orientado a causarle daño físico y psíquico. Según su planteo, ese plan incluyó la sustracción y posterior difusión no consentida de material íntimo desde el teléfono celular de la joven.
Casorla Yalet apuntó además a una "cadena de responsables" que comprende la presunta inacción de la institución educativa frente a las alertas tempranas. Pese a la gravedad de la imputación, aclaró que la familia busca "justicia, equilibrio y paz social", y no el encarcelamiento de menores de edad ni represalias contra los involucrados.
