El gobernador frenó una ley con su firma y dejó a 250 chicos en la incertidumbre

Una decisión del Poder Ejecutivo provincial frustró la transferencia de tierras a un club deportivo que esperaba desde 2022. El veto a un proyecto de ley sancionado por la Legislatura el 26 de marzo impidió la expropiación de un inmueble de 6,4 hectáreas en el departamento Lules, destinado al San Isidro Rugby Club. La medida se enmarca en un contexto de ajuste fiscal que ya había llevado a desistir de tres procesos expropiatorios anteriores.

Mediante el decreto 734/3, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, el gobernador Osvaldo Jaldo ejerció su facultad de veto sobre la iniciativa legislativa. El texto, firmado el lunes pasado y refrendado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, argumenta que “el contexto económico actual no torna viable el proyecto de ley en cuestión”.

¿Por qué se frenaron otras expropiaciones?

La semana pasada, se habían publicado decretos que autorizaban a la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, a desistir de juicios por expropiaciones sancionadas en gestiones anteriores. Los proyectos afectados incluían el Centro Multimodal de Cargas de Cevil Pozo, un complejo habitacional de 650 viviendas en Los Gutiérrez (Alderetes), y una estación transformadora en “El Espinillo” (comuna rural de El Chañar).

En todos los casos, el argumento oficial señaló que los procesos judiciales estaban próximos a alcanzar sentencias condenatorias para el Estado provincial, con desembolsos superiores a los $5.000 millones sólo por la transferencia de los predios. El gobernador Jaldo explicó en conferencia de prensa que ninguna de esas obras contaba con financiamiento nacional ni internacional, algo previsto inicialmente.

¿Qué impacto económico tiene esta decisión?

Según estimaciones extraoficiales, sólo la ejecución del Centro Multimodal de Cargas implicaría una inversión cercana a los 300 millones de dólares. En un escenario de caída de ingresos coparticipables, el Poder Ejecutivo resolvió frenar esos procesos e incluso buscar el recupero de los montos depositados al inicio de cada trámite, una suma que rondaría los $2.500 millones.

Ahora, la Casa de Gobierno desactivó una cuarta expropiación mediante el veto a una ley sancionada en la Legislatura a principios de este año. La cuestión se remonta a 2022, cuando la anterior composición de la Cámara provincial aprobó un proyecto elevado por el entonces legislador peronista Jorge Delgadino para expropiar las tierras y cederlas al club de rugby.

¿Qué obstáculos enfrentó el proyecto?

El texto fue puesto en vigencia a través de la ley 9.656, pero al momento de su efectivización, se formularon observaciones desde la Dirección de Catastro de la Provincia por datos consignados erróneamente, lo que impidió avanzar con la expropiación. La actual integración de la Legislatura intentó subsanar esto mediante proyectos elevados por Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Mario Leito (PJ), que tuvieron el apoyo del cuerpo colegiado en la sesión del 26 de marzo pasado.

El decreto de veto analizó que el proyecto disponía el destino del inmueble para “el funcionamiento del San Isidro Rugby Club, teniendo como único fin la continuidad e incremento de las actividades deportivas y sociales”. Además, consignó que la institución “deberá ofrecer el uso de este espacio para las entidades de bien público y educativas de la zona”.

¿Quiénes son los dueños del terreno?

Según los informes oficiales, el dominio se encuentra inscripto en la mayor extensión en el Registro Inmobiliario Provincial a nombre de Finar SA. Pese a que se habían corregido los aspectos administrativos, el veto surgió como un nuevo obstáculo para la transferencia del inmueble al club.

¿Cómo reaccionó el club afectado?

“Estamos preocupados, averiguando cómo seguimos. Tenemos 250 chicos de todas las divisiones de rugby que se entrenan y juegan aquí”, lamentó el presidente de la entidad deportiva, Celso Manzano. Recordó que el club funciona hace 24 años, y añadió que en el último tiempo se hicieron importantes inversiones para mejorar las instalaciones, desde vestuarios nuevos hasta un quincho.

“Entendemos la situación económica que atravesamos, pero también se debe ver la parte social, por todo lo que significa el club”, explicó Manzano, en relación al argumento para la segunda transferencia frustrada de las tierras donde funciona San Isidro Rugby Club.

Por último advirtió que, si bien recibieron dos cartas documento de parte de los titulares del inmueble, el espíritu del club es “reunirnos con la otra parte y tratar de llegar a un acuerdo”. “Sería buenísimo un comodato o préstamo. Pero estamos abiertos a ver qué solución se puede encontrar”, expresó.