El gobernador de Florida frenó una ejecución a horas de la fecha: el condenado de 74 años no entendía qué le iban a hacer

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, retiró la orden de ejecución de William Lee Thompson, un condenado de 74 años que debía morir el 13 de octubre en la prisión estatal por un crimen cometido hace cinco décadas. La decisión se conoció el 8 de octubre, mediante una carta enviada al director del establecimiento, Randall Polk, según informó CBS News. El mandatario no explicó los motivos.

La defensa había denunciado que Thompson padece demencia y un deterioro físico severo. Un neuropsicólogo que lo examinó el 15 de septiembre sostuvo que el deterioro cognitivo le impedía comprender su ejecución y las razones de la pena, consignó CBS News.

La medida deja sin efecto la fecha prevista, pero no modifica la condena: Thompson sigue en el corredor de la muerte. Según Associated Press, DeSantis podría firmar una nueva orden en el futuro.

Qué pasará con Thompson después de la suspensión

La cancelación no cambia la situación de fondo del condenado. De acuerdo con AP, cualquier nueva fecha de ejecución dependerá de que el gobernador emita otra orden. La condena por el asesinato de Sally Ivester en Miami-Dade, en 1976, permanece firme.

Su abogada, Bri Lacy, expresó a AP que esperaba su reubicación en un centro médico adecuado. Por el momento, no hay confirmación oficial de que Thompson haya sido derivado ni trasladado a una institución de tratamiento de salud mental.

La primera vez que DeSantis retira una orden de ejecución

Según consignó ABC News, esta es la primera vez que DeSantis retira una orden de ejecución desde que asumió el cargo. La decisión alcanzó solo a Thompson: la ejecución de James Robertson, de 63 años, también prevista para el 13 de octubre, continuaba programada en los reportes publicados el viernes 9.

Robertson fue condenado por estrangular en 2008 a su compañero de celda, Frank Hart, en el centro penitenciario de Charlotte. Según CBS, su ejecución estaba fijada para el mediodía, mientras que la de Thompson debía realizarse seis horas después.

Cómo evalúa Florida la capacidad mental de un preso antes de una ejecución

La defensa notificó al gobernador sobre los problemas de salud de Thompson después de la firma de la orden, el 11 de septiembre. DeSantis convocó entonces a una comisión de tres psiquiatras mediante la orden ejecutiva 26-192. La evaluación estaba prevista para el 1° de octubre, con entrega del informe al día siguiente.

Según la organización Floridians for Alternatives to the Death Penalty, citada por CBS, las autoridades no habían divulgado los resultados al anunciarse la cancelación de la ejecución.

La sección 922.07 de la legislación de Florida establece que el examen debe determinar si el condenado comprende la naturaleza y el efecto de la pena capital y por qué se le impone. Los tres especialistas deben estar presentes simultáneamente, y tanto la defensa como el fiscal pueden asistir.

La misma norma dispone el traslado a una institución de tratamiento de salud mental del sistema penitenciario cuando el gobernador determina que falta esa capacidad.

Por qué el caso lleva décadas en los tribunales

De acuerdo con los antecedentes judiciales reseñados por el medio estadounidense, Sally Ivester murió después de sufrir agresiones en un motel de North Miami Beach el 30 de marzo de 1976. Thompson se declaró culpable de asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual, y recibió inicialmente la pena de muerte ese mismo año.

El expediente atravesó anulaciones y nuevas sentencias. En 1989, un jurado recomendó la pena capital por siete votos contra cinco, y el tribunal volvió a imponerla. También habían quedado suspendidas órdenes de ejecución firmadas en 1982 y 1987.

Tras la cancelación de la fecha de octubre, la condena de Thompson sigue siendo la misma. Cualquier nueva programación dependerá de la emisión de una nueva orden, mientras su defensa reclama que el estado atienda los problemas médicos del preso.