El gendarme acusado de matar a su esposa a tiros intentó escapar en la camioneta de su abogado

El gendarme Carlos Ramón Gómez fue detenido en la capital provincial cuando los investigadores de la Unidad Regional I interceptaron la camioneta en la que su abogado lo trasladaba sin rumbo fijo. Para los pesquisas, el viaje era un intento de escapar de la orden del Tribunal Penal 2, que lo juzgará desde mañana por el homicidio de su esposa, María Esther Barrera, cometido en diciembre de 2001.

La captura se concretó pocos minutos después de las 8.30, cuando uno de los policías que lo vigilaba de civil advirtió que el imputado subía al vehículo con su defensor y partía a toda velocidad. Se activaron los cerrojos y la camioneta fue interceptada en el cruce de las avenidas San Martín y Bustamante.

El pedido de detención había sido formulado el viernes por el fiscal Vladimir Glinka, que imputa a Gómez por “homicidio calificado” (artículo 80, inciso 1 del Código Penal Argentino). Ya detenido, el gendarme fue alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial.

El crimen que conmocionó a la ciudad

Según la acusación, María Ester Barrera murió a tiros de calibre nueve milímetros a las 21.15 del domingo 9 de diciembre de 2001 en una vivienda del barrio San Lucas, en el cruce de las calles Los Andes y Niñas de Ayohuma.

La hipótesis judicial sostiene que Gómez siguió a su esposa en silencio. La había visto en una estación de servicios junto a otro hombre, con quien partió en un automóvil hasta la que después sería la escena del crimen. El gendarme, que por entonces prestaba servicios en el puente internacional Posadas-Encarnación, ingresó al inmueble y sorprendió a la víctima con el tercero. Atacó a golpes al dueño de casa hasta dejarlo inconsciente y luego fue por Barrera, que recibió cuatro impactos de bala en el abdomen.

Cuando el principal testigo despertó de la golpiza, encontró a la mujer moribunda a su lado. Barrera fue trasladada de urgencia al hospital Madariaga, pero ya no había nada que hacer: a las 21.57 de ese mismo día se confirmó su fallecimiento.

Desde entonces se inició la búsqueda del acusado, sobre todo en Villa Cabello, donde residía. Gómez decidió entregarse alrededor de las 2.10 del día siguiente ante sus propios camaradas, en la intersección de las rutas nacionales 105 y 14, en San José.

Nueve mil días sin juicio

El trajín procesal lleva transcurridos 9.064 días (1.295 semanas) sin esclarecimiento. En un primer momento, la instrucción dio por finalizada la investigación y la fiscalía pidió la elevación a juicio. La defensa de Gómez se opuso con el argumento de las pericias psicológicas, que sostenían un episodio de “emoción violenta”.

Para sus abogados, el imputado debía ser declarado inimputable y sobreseído. El juez de Instrucción Eduardo D’Orsaneo, que llevaba la causa, rechazó ese planteo y la decisión terminó en un recurso de apelación que también fue denegado.

Sin embargo, en una nueva requisitoria, el Tribunal Penal 1 de la Primera Circunscripción actuó como alzada —por entonces no existía la Cámara de Apelaciones en lo Penal— y dispuso la excarcelación. Gómez debía presentarse cada mes ante la Justicia, pero rompió el arraigo y a principios de 2013 el Tribunal Penal 2 lo declaró rebelde y ordenó su captura inmediata, que se materializó el miércoles 29 de mayo en Buenos Aires, donde vivía. Meses después, cumplidos los plazos, volvió a ser excarcelado bajo una serie de restricciones que aún cumple, según informaron las fuentes.

En marzo de 2018 se volvió a solicitar el debate, ya en manos del Tribunal Penal 2, pero el proceso se dilatónuevamente y la defensa recurrió en queja a la Corte Suprema por el rechazo al sobreseimiento. En julio de este año, el máximo tribunal del país rechazó ese recurso y se fijaron los días 16, 17 y 18 de septiembre para el juicio.

Ante un nuevo recurso de los defensores particulares, el TP-2 decidió designar un defensor oficial y fijó el 5 de octubre como inicio del debate.

Qué pena enfrenta

La acusación contra el gendarme Carlos Ramón Gómez es por homicidio calificado, previsto en el artículo 80, inciso 1 del Código Penal Argentino, modificado en diciembre de 2012: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. Antes de esa reforma, el delito preveía una pena máxima de 25 años.