El fondo que pagará indemnizaciones arranca más tarde: la letra chica que cambia para las empresas

El Gobierno decidió mover las piezas del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y las empresas deberán reacomodar su cronograma. A través del decreto 1228/26, el Poder Ejecutivo postergó el debut operativo del régimen al 1° de diciembre y, al mismo tiempo, duplicó el período de carencia inicial: pasó de 6 a 12 meses.

El corrimiento de la fecha de entrada en vigencia tiene un efecto en cascada. Como los salarios se devengan a mes vencido y la declaración jurada de cargas sociales se liquida al mes siguiente, el primer desembolso que las compañías vuelquen al fondo se concretará a principios de enero de 2027, ya bajo un nuevo período fiscal.

El otro cambio es el que más pesa en la planificación. La obligación de aportar durante 12 períodos mensuales completos y consecutivos antes de poder usar los recursos —1% de la masa salarial para las grandes firmas y 2,5% para las pymes— deja a las empresas sin acceso al dinero para financiar liquidaciones por despido hasta comienzos de 2028.

Los dos argumentos oficiales

En los considerandos del texto, el Ejecutivo explicó la medida con dos razones. La primera responde a un pedido que llegó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de parte de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafici), la Cámara Argentina de Fideicomisos (Cafidap) y la Cámara de Agentes de Bolsa (Cadab).

La segunda apunta a la necesidad de hacer pruebas operativas para corregir inconsistencias en los sistemas informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la CNV, la Secretaría de Trabajo y las entidades financieras. El Gobierno sostuvo que seis meses resultaban insuficientes para constituir una base patrimonial sólida que garantice la solvencia y liquidez de los fondos frente a eventuales obligaciones.

Con esta decisión se utilizó el último mes de prórroga permitido por el artículo 77 de la Ley N° 27.802, después de haber consumido cinco meses previos mediante el decreto 408/2026. Así, el margen legal para dictar nuevas postergaciones sin pasar por el Congreso quedó agotado.

Un ahorro forzoso que mira a las elecciones

Según pudo averiguar LA NACION, la medida neutraliza el uso de los recursos del FAL para financiar despidos en la previa electoral de 2027. Además, conforma una masa de “ahorro forzoso” estimada entre US$2000 millones y US$4000 millones anuales, que apuntalará la demanda de títulos en pesos del Tesoro Nacional.

Desde el Ministerio de Economía insisten, ante la consulta de este medio, en que la extensión del período de carencia busca una mayor acumulación de capital.

Fuentes del rubro financiero señalan que, en los meses previos a la prórroga, la mayoría de sus clientes seguía con atención el calendario del FAL con la intención de encarar reestructuraciones y desvinculaciones apenas el régimen quedara habilitado. Con la regla original de seis meses de carencia, las compañías podían usar el pozo acumulado en plena campaña electoral.

“La iniciativa surge de un pedido de las distintas cámaras del sector de fondos, pero también se encuentra alineada con los objetivos fiscales y electorales del Gobierno”, analizó Leonardo Pirolo, director de Capital Markets en TMF Group Argentina.

Otras fuentes del mercado agregan que los 12 meses de carencia también le sirven al Gobierno para financiarse. Al desviar las contribuciones patronales al FAL, la Anses pierde recaudación directa, pero el Tesoro gana esos mismos fondos para financiarse.

El esquema del Palacio de Hacienda fija un piso para los fondos: con topes máximos del 15% para títulos provinciales, 20% para Obligaciones Negociables privadas y 15% para plazos fijos, la norma obliga a que al menos el 50% del FAL se vuelque a títulos soberanos del Tesoro Nacional.

“El principal beneficio es que genera una demanda cautiva de bonos que atraviesa las elecciones de 2027, hasta que recién en 2028 se habilite el uso de los recursos para pagar despidos”, completa un especialista del sector.

La cuenta regresiva para los empleadores

Para el universo estimado de 400.000 empleadores privados alcanzados por el régimen, el nuevo escenario redefine los plazos pero no elimina las obligaciones de adecuación.

Andrés Tellado Cañás, socio de derecho laboral y tributario de nómina de KPMG Argentina, remarcó: “La prórroga no debe ser entendida como una señal para postergar la preparación. Las empresas tienen ahora un mes adicional para resolver su caracterización, elegir la entidad administradora, informar el ID FAL y adecuar sus sistemas de liquidación de sueldos, sin perder de vista los efectos contables e impositivos”.

“Conviene aprovechar este tiempo para hacer pruebas y documentar los criterios adoptados, de modo de llegar al 1° de diciembre con el régimen en condiciones de funcionar sin contingencias”, agregó Tellado Cañás.

En KPMG recuerdan que noviembre y diciembre son meses clave para que los empleadores configuren y validen su ID FAL en el servicio Simplificación Registral de ARCA. Si no lo hacen a tiempo, la CNV les adjudicará una entidad administradora de oficio mediante sorteo.

En el rubro esperan que la CNV informe a la brevedad las entidades habilitadas, los detalles, parámetros y procedimientos para la carga del ID FAL a través de la Autopista de Información Financiera (AIF), para su posterior envío a ARCA.