El fiscal que sabía de las torturas y las tapó: la condena que destrabó Mendoza
La condena al exfiscal Juan Carlos Yannello por tapar 78 delitos de lesa humanidad tuvo un motor mendocino que pocos conocen. La pena máxima llegó, pero el camino hasta acá estuvo lleno de obstáculos judiciales.
Juan Carlos Yannello, exfiscal federal de San Juan, fue condenado a 25 años de prisión por encubrir 78 delitos de lesa humanidad. La pena, la máxima posible, fue impulsada por la Oficina de Derechos Humanos de Mendoza y solicitada por el fiscal federal Dante Vega.
La sentencia la dictó el Tribunal Oral Federal de San Juan el 30 de octubre. Los jueces consideraron probada su responsabilidad en 78 hechos de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El mecanismo de la impunidad
La acusación reconstruyó cómo operaba Yannello. Las víctimas denunciaban ante funcionarios judiciales haber sufrido tormentos y otras formas de violencia, pero sus testimonios nunca derivaban en investigaciones efectivas contra los responsables.
Según el Ministerio Público Fiscal, en sus declaraciones los detenidos relataban descargas eléctricas, quemaduras, golpes y abusos sexuales. Lejos de impulsar medidas para esclarecer esos hechos, Yannello desacreditaba las denuncias y ponía en duda los relatos de las víctimas.
Para la acusación, no se trató de negligencias aisladas sino de una actuación sistemática que favoreció el funcionamiento del aparato represivo. El exfiscal tenía atribuciones para investigar lo que ocurría y, sin embargo, omitió adoptar las medidas necesarias.
El vínculo con Mendoza
La relación de la provincia con este expediente se remonta a la investigación de la actuación de Yannello durante el terrorismo de Estado. Distintas instancias judiciales mendocinas intervinieron en el avance de las actuaciones que terminaron exponiendo el comportamiento de quien primero fue secretario judicial y después fiscal federal.
En otra etapa de la investigación, el entonces juez federal de Mendoza Walter Bento intervino en actuaciones vinculadas con el papel de Yannello y Gerarduzzi frente a las denuncias de personas detenidas durante la dictadura.
La causa llegó a juicio bajo la denominación Megacausa III de San Juan, que reunió seis investigaciones por delitos cometidos contra 96 personas. Entre las víctimas, 13 continúan desaparecidas y otras cinco fueron asesinadas.
De la perpetua al encubrimiento
En julio de 2023, Yannello había recibido una condena a prisión perpetua junto con otros quince acusados. En aquel fallo se lo consideró responsable, como coautor funcional, de diversos delitos de lesa humanidad, entre ellos homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y delitos sexuales.
Sin embargo, el expediente tuvo un giro en febrero de 2026, cuando la Cámara Federal de Casación Penal modificó la calificación jurídica de su conducta. Por mayoría, el tribunal entendió que debía responder por encubrimiento y dispuso que se fijara una nueva pena.
Esa decisión abrió una discusión sobre la posible prescripción de los delitos. La defensa presentó un planteo en ese sentido en abril, pero el tribunal lo rechazó y mantuvo el carácter de lesa humanidad de los hechos.
El pedido de Mendoza que fue clave
En la nueva instancia, la intervención de la acusación impulsada desde Mendoza resultó decisiva. Dante Vega solicitó 25 años de prisión, el máximo de la escala penal aplicable, y sostuvo que la función institucional de Yannello debía considerarse un agravante. Lo acompañaron los auxiliares fiscales Andrés Rousset y Carola Torresan.
El fiscal argumentó que el condenado había dispuesto de herramientas jurídicas para identificar a los responsables de las atrocidades denunciadas, pero había optado por no utilizarlas. De esa manera, su actuación contribuyó a que los integrantes del aparato represivo continuaran operando sin enfrentar consecuencias judiciales.
El tribunal integrado por Alberto Carelli, Paula Marisi y Gretel Diamante hizo lugar al pedido y le impuso la pena requerida por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
La resolución cerró una nueva etapa de un expediente que atravesó más de cuatro décadas y en el que la Justicia Federal de Mendoza tuvo intervención tanto en la investigación de los hechos como en la acusación que consiguió la condena.
