El fiscal que hizo condenar a Cristina y Menem ahora no pudo contra la versión de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita, uno de los nombres más pesados de Comodoro Py, firmó un dictamen que sorprendió a propios y extraños: reconoció que no logró desarmar la explicación que Manuel Adorni dio sobre su patrimonio. La historia de las criptomonedas que el exfuncionario puso sobre la mesa quedó en pie.

El caso por presunto enriquecimiento ilícito había acumulado pruebas durante meses. Viajes al exterior, compras con tarjetas ajenas, pagos en efectivo y hospedajes en lugares exclusivos. Pero el fiscal concluyó que la operatoria con Bitcoin que la defensa ubicó entre 2014 y 2018 no pudo ser refutada.

Un historial de causas gigantes

Pollicita no es un fiscal cualquiera. Llegó a Comodoro Py en 2005, cuando ya llevaba más de una década como investigador, y desde entonces acumuló expedientes que marcaron la política argentina.

Fue quien envió a juicio a Carlos Menem por el pago de sobresueldos, causa en la que el expresidente terminó condenado a cuatro años de prisión. También elevó a juicio el caso Vialidad contra Cristina Kirchner, por el que la expresidenta cumple seis años de prisión. Impulsó el debate de Oil Combustibles, donde fue condenado Ricardo Echegaray, y llevó a instancia oral Hotesur y Los Sauces, cuyo juicio acaba de comenzar.

Frente a ese recorrido, el dictamen de este viernes representa un contraste fuerte. El propio fiscal lo asume con todas las letras.

“La operatoria con Bitcoin desarrollada entre 2014 y 2018 no pudo ser desvirtuada por esta Fiscalía y explica el núcleo del incremento patrimonial que motivó el requerimiento de justificación”, sostiene en el escrito.

Y agrega: “La prueba aunada no se ha podido descartar que el capital principal se haya formado entre 2014 y 2018, como fuera alegado, varios años antes del 14 de diciembre de 2023”.

En otro pasaje insiste: “Este Ministerio Público Fiscal considera que los resultados arrojados por las medidas de prueba efectuadas durante la instrucción no permiten controvertir la versión brindada por la defensa con relación al dominio sobre estas direcciones de criptoactivos”.

El vínculo con los Mahiques que sobrevoló la causa

Hincha de Boca y con un estilo poco formal —casi nunca usa saco y corbata y rechaza que lo llamen “doctor”—, “Poli” se mueve con comodidad en los tribunales. Se lleva bien con colegas y jueces.

Su relación con la familia Mahiques es conocida. Trabajó junto a Ignacio Mahiques en Hotesur-Los Sauces, la causa que investigó una supuesta maniobra de lavado a través de hoteles y negocios inmobiliarios. Juntos lograron sentar en el banquillo del Tribunal Oral 5 a Cristina Kirchner, a su hijo Máximo y a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, entre otros.

Ignacio es hermano de Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, que desde su llegada al cargo busca despejarle el camino judicial al Gobierno. Su objetivo es la Procuración General, vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó en 2017 y ocupada desde entonces de forma interina por Eduardo Casal.

Con ese vínculo pesando sobre la investigación, el fiscal les decía a los suyos que se equivocaba quien pensara que su amistad con los Mahiques podía poner en duda el sentido de su carrera. “Los papeles mandan”, repite desde hace años en su fiscalía.

Los testigos y el giro de la causa

Mientras la causa avanzaba, por la fiscalía desfilaron decenas de testigos. Algunos complicaron al entonces funcionario: la escribana que cerró las operaciones inmobiliarias, policías y jubiladas que de alguna manera financiaron esas compras, personal que trabajó bajo su mando y Matías Tabar, el contratista que hizo los arreglos en la casa de Indio Cuá.

La declaración de Tabar fue un punto de quiebre. Ante el fiscal, el hombre afirmó que Adorni le había pagado 245 mil dólares para una remodelación profunda en esa vivienda.

Ese testimonio consolidó el rumbo de la pesquisa. Pero un mes después, Adorni presentó la versión de las criptomonedas que Pollicita, según su propio escrito, no pudo poner en crisis.

En el dictamen de este viernes, el fiscal pidió que la causa pase al fuero Penal Económico por posible evasión. Además, solicitó que se extraigan los testimonios de Tabar y de otros dos testigos para que sean investigados por “haber hecho operaciones por fuera del control impositivo”.

Así, al mismo tiempo que alivió la situación de Adorni, el fiscal abrió nuevas pesquisas sobre quienes habían apuntalado la investigación por enriquecimiento ilícito. El caso parece encaminarse hacia un encuadre tributario, después de que el exfuncionario presentara las claves de ocho billeteras virtuales que dice que son suyas, pero sin ningún papel que acredite con certeza el origen de su dinero.