El financista de Chiqui Tapia pidió la domiciliaria y el juez encontró una sola respuesta

La Justicia le negó la excarcelación a Ariel Vallejo, el financista vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El empresario seguirá detenido por lavado de dinero tras la decisión del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Vallejo había quedado preso la semana pasada, cuando se presentó en el juzgado después de que se ordenara su captura. Su abogado, Pablo Parera, había reclamado arresto domiciliario con vigilancia electrónica. El magistrado rechazó esa alternativa.

El argumento del juez: riesgo de fuga

Rodríguez Ponte sostuvo que la conducta del imputado, evaluada en conjunto, configura un "riesgo concreto de fuga". La orden de detención había salido después de que el empresario no apareciera en el domicilio que había declarado ante la Justicia.

En el fallo, el juez afirmó que "el incumplimiento de las obligaciones impuestas valoradas en conjunto configuran un riesgo concreto de fuga que torna aplicable la revocación de su libertad".

También pesó la escala penal de los delitos que se le atribuyen: según el magistrado, descarta una eventual condena de ejecución condicional. A eso sumó los vínculos del financista con "numerosas sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros". Para el juez, esos recursos permiten presumir "fundadamente que podría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia".

Por qué no alcanza la tobillera

Rodríguez Ponte consideró que no existe "otra medida menos gravosa que no sea el encarcelamiento preventivo, para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones procesales". Aclaró, de todos modos, que la situación de libertad podrá revisarse cuando se resuelva la situación procesal del imputado.

Las condiciones propuestas por la defensa, agregó, "no resultarían suficientes, dado que el imputado ya gozaba de un régimen de libertad sujeto a las referidas reglas concretas y no las cumplió". Y remarcó: "el arresto domiciliario y la vigilancia electrónica presuponen un domicilio cierto y controlable, que es justamente lo que el imputado no ha podido acreditar".

El juez también apuntó contra el cumplimiento de otras obligaciones. Sobre la entrega de vehículos, señaló que Vallejo no entregó la totalidad de los rodados con secuestro vigente y que, en los casos en que sí lo hizo, fue "en forma extemporánea a lo requerido".

La causa: sponsoreos bajo la lupa

La investigación por lavado de dinero está a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. Según la hipótesis de los investigadores, el presunto esquema habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

Los contratos de sponsoreo entre la financiera y distintas entidades deportivas habrían permitido presentar como legítimos movimientos de dinero que no tenían una contraprestación real. La pesquisa busca determinar si las empresas del grupo se usaron para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de los clubes.

El expediente alcanza a 17 instituciones deportivas. Entre ellas figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. También comprende a Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.