El fin de la moratoria y la informalidad dejan a miles de salteños sin posibilidad de jubilarse

Las nuevas altas jubilatorias en Argentina caerán hasta un 35% este año respecto de 2025 y un 45% frente a 2024, según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). La razón principal: el fin de las moratorias previsionales y la pérdida sostenida del empleo formal. En Salta, la situación es aún más crítica.

Datos de la Subsecretaría de Seguridad Social indican que en 2024 se otorgaron 105.000 jubilaciones contributivas (con 30 años de aportes) y 320.000 mediante moratoria o Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En 2025 bajaron a 113.000 y 248.000, respectivamente. Para 2026 se proyectan 110.000 contributivas y solo 123.000 con moratoria y PUAM.

En diálogo con InformateSalta, el economista Jorge Paz explicó que no hay estadísticas provinciales de nuevas jubilaciones, pero los indicadores laborales anticipan un escenario más complejo que el promedio nacional. "La informalidad salteña es entre 9 y 12 puntos más alta que el promedio urbano nacional", señaló. Esto es determinante porque marca quiénes podrán completar los 30 años de aportes, "justo el canal que quedó sin la válvula de escape de la moratoria".

¿Qué departamentos son los más afectados?

Los departamentos del norte y de frontera, como Santa Victoria, Iruya, Rivadavia, Anta, Cachi y General José de San Martín, tienen una dependencia de moratoria de entre 70% y 76%, muy por encima de Capital y del promedio provincial. Según Paz, el NOA rural enfrenta una situación al menos tan delicada como el resto del país.

Sin la moratoria, el impacto será mayor en provincias con alta informalidad. "Aplicando las proporciones del informe nacional, en Salta la cantidad de personas que logren completar los 30 años de aportes estaría bastante por debajo del 40% nacional", advirtió.

¿Quiénes son los más vulnerables?

Para Paz, el grupo de mayor riesgo reúne varias características: "Las mujeres, los trabajadores de departamentos de frontera y del norte agrícola, los cuentapropistas no registrados y las empleadas de casas particulares son quienes tienen mayor riesgo de llegar a los 65 años sin los aportes necesarios". Las mujeres, por trayectorias laborales interrumpidas por tareas de cuidado y alta informalidad en el trabajo doméstico, presentan una densidad de aportes menor. "Mujer, rural o de un departamento fronterizo, changarina o trabajadora de casas particulares: esa es la combinación de mayor riesgo", resumió.

Monotributo vs. changas: diferencias clave

Paz aclaró que no todos los independientes enfrentan el mismo escenario. El monotributo genera aportes si se paga regularmente; las changas o el trabajo informal no generan ninguno. "En Salta, el 35% de los ocupados trabaja en unidades económicas informales, frente al 22% del promedio nacional. Esa población va a depender casi exclusivamente de la PUAM", sostuvo. En cambio, muchos monotributistas aportan de manera intermitente y hasta ahora completaban años faltantes con la moratoria; de ahora en adelante quedarán mucho más expuestos.

Más asistencia, menos ingresos

Una consecuencia directa será el crecimiento de adultos mayores que dependan de beneficios asistenciales. "La PUAM reemplaza a la jubilación con moratoria, pero paga el 80% del haber mínimo. Eso significa que incluso quienes accedan a un beneficio cobrarán menos", explicó Paz. Salta ya tiene mayor dependencia de prestaciones no contributivas que el promedio nacional, y se espera una mayor presión sobre la asistencia estatal y el sostén familiar, especialmente en el norte.

Un problema que podría agravarse

Si la tendencia se mantiene, la brecha entre regiones se profundizará. "Los mercados laborales más formalizados, como Capital y el valle central, seguirán sosteniendo mejor las jubilaciones contributivas. En cambio, los departamentos de frontera dependerán cada vez más de la PUAM", señaló Paz. Y concluyó: "Si no hay una nueva moratoria o una reforma previsional que contemple las trayectorias laborales informales, en los próximos diez años veremos una mayor desigualdad territorial, una feminización de la pobreza en la vejez y una creciente presión sobre la asistencia social provincial y municipal".