El exintendente Orellana confesó el secreto de su gestión: ¿qué hacía esa oficina municipal de pensiones?

El diputado provincial Gerardo Orellana dejó una confesión que encendió las alarmas en plena investigación por presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones. En una entrevista en Somos la Mañana, el exintendente de Joaquín V. González admitió que durante su mandato funcionó una oficina municipal dedicada a estos trámites. El reconocimiento llegó en el peor momento: cuando la justicia busca determinar cómo se otorgaron esos beneficios.

¿Qué reveló Orellana?

En la entrevista, el legislador confirmó lo que muchos sospechaban: “Durante la gestión mía se abrió una oficina municipal de pensiones”. Según su relato, la dependencia fue creada porque había numerosos vecinos con enfermedades y discapacidades que tenían dificultades para acceder a los beneficios.

El exintendente explicó que en esa oficina trabajaban empleados municipales que actuaban como intermediarios entre los vecinos y las oficinas encargadas de continuar los expedientes. “El municipio lo único que hacía era interceder entre las personas que hacían el trámite y la oficina aquí en Salta”, aseguró.

¿Qué trámites se realizaban allí?

Orellana remarcó que no solo se gestionaban pensiones. Según su relato, en esa dependencia también se tramitaban jubilaciones anticipadas, pensiones para madres de siete hijos y programas de capacitación laboral.

El diputado detalló que los certificados médicos eran confeccionados en hospitales públicos y que luego intervenían asistentes sociales antes de que la documentación llegara al municipio. De esta manera, buscaba demostrar que su gestión solo pretendía facilitar el acceso de los vecinos a estos derechos.

¿Qué implica esto para la investigación?

El reconocimiento de la existencia de esa oficina no implica por sí mismo una irregularidad, pero adquiere relevancia porque la investigación judicial busca determinar cómo se tramitaron determinados beneficios y qué responsabilidad tuvieron las personas actualmente imputadas.

Orellana sostiene que su administración solamente buscó facilitar el acceso de vecinos que necesitaban asistencia y rechaza haber participado de maniobras ilegales. Ahora será la justicia la que deberá reconstruir el circuito completo de aquellos expedientes y determinar si existieron irregularidades y, en ese caso, quiénes fueron los responsables.