El exgerente de Fürth Automotores declara ante la fiscal, pero lo que se viene el jueves es peor
Un exgerente tucumano vuelve a sentarse frente a la fiscal para explicar el desfalco de $693,1 millones. Pero la jugada fuerte llega horas después, con los tres detenidos en el medio. ¿Qué pedirá el Ministerio Público?
La causa por el desfalco millonario en la concesionaria Fürth Automotores entra en su tramo más caliente: este miércoles el exgerente general Gerardo Caro amplía su declaración como imputado, y el jueves la fiscal Victoria Ledesma pedirá la prisión preventiva para los tres detenidos.
El expediente investiga un perjuicio económico que ya suma $693,1 millones. La Unidad Fiscal que conduce Ledesma concentró en dos jornadas consecutivas las medidas que pueden definir el futuro inmediato de los principales sospechosos.
La indagatoria al exgerente tucumano
Caro, exgerente general de la firma, fue citado para responder sobre las nuevas pruebas contables y operativas que se incorporaron al legajo. La ampliación de su declaración como imputado apunta a contrastar su versión con la documentación secuestrada y los movimientos financieros detectados.
En paralelo, la Fiscalía sigue tomando declaración testimonial a empleados y dependientes de la concesionaria. Esos testimonios buscan reconstruir el circuito administrativo diario de la empresa y precisar quién tomaba cada decisión. Los aportes del personal resultan clave para constatar cómo se ejecutaban las maniobras contables irregulares, las transferencias no autorizadas y las operaciones financieras extracontables que, según la investigación, derivaron en el vaciamiento patrimonial.
Audiencia clave: prisión preventiva para los tres
El jueves 17 se realizará una audiencia conjunta ante el juez de Garantías con la presencia de los tres detenidos en la causa:
Gerardo Caro, exgerente general de la firma automotriz; Matías Llado, responsable del área comercial y jefe de Ventas; y Graciela Moyano, cajera del establecimiento.
En esa instancia, la fiscal Ledesma formalizará el pedido de prisión preventiva para todos los imputados. Los argumentos que sostendrá son la existencia de riesgos procesales de entorpecimiento probatorio y la magnitud de la maniobra investigada.
Para los peritos del Ministerio Público Fiscal, la operatoria no respondió a hechos aislados, sino al accionar organizado de una asociación ilícita estructurada para el desvío sistemático de fondos corporativos y la falsificación continuada de documentos comerciales. Ese delito prevé severas penas de cumplimiento efectivo en el fuero penal ordinario de la provincia.
