El Estado ya puso un pie en los bienes del cuñado de Urribarri: qué encontraron adentro

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos dispuso la toma de posesión inmediata, a favor del Estado provincial, de los bienes decomisados a los condenados en el megajuicio que en 2022 sentenció al exgobernador Sergio Urribarri a 8 años de cárcel, a su exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez a 6 años y 6 meses, y a su cuñado Juan Pablo Aguilera a 6 años y 6 meses.

La resolución fue firmada por los jueces de juicio María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara. El decomiso alcanza a bienes que pertenecieron a Aguilera, considerado por la Justicia como el verdadero dueño de las empresas Tep SRL y Next SRL.

Qué incluye el decomiso

Entre los inmuebles figuran dos propiedades sobre calle Racedo de Paraná: la 415 (partida provincial N°101426651, partida municipal N°63031, matrícula 144102) y la 409 (partida provincial N°1015028249, partida municipal N°14909, matrícula 144101).

También se decomisaron vehículos: un motovehículo 208 IG marca Zanella modelo ZB 100, un Ford F4000D dominio EPT 951 y un Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business dominio OJZ 720. A eso se suma una larga lista de equipos de computación de la empresa: decenas de CPU de distintas marcas (Bangkok, Optiplex, Data Vision, HP Proliant, Lenovo), una computadora all in one marca Apple con su teclado y mouse, y un plotter de impresión Dili Neotitan 2504 DW2D.

El tribunal requirió a las defensas de los condenados que arbitren los medios para que sus asistidos entreguen de inmediato las llaves de los inmuebles y vehículos decomisados a disposición de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos. Respecto del plotter, que estaba en poder de Luciana María Belén Almada —esposa de Aguilera— en carácter de depósito judicial, se ordenó que la nombrada lo entregue a quien designe la Fiscalía de Estado.

La causa de la vaca

La causa 4.385 pasó a la historia judicial entrerriana con un apodo poco solemne: «la causa de la vaca». La explicación está en una de las irregularidades que detectaron los fiscales: la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar los pagos se hacía con una misma foto. La misma vaca, siempre en el mismo lugar y en la misma posición, delante de carteles con propaganda oficial.

La escena quedó registrada en una sala del Poder Judicial la mañana del 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia presidida por el exjuez Humberto Oscar Franchi. El entonces fiscal y hoy juez de juicio Santiago Brugo proyectó las imágenes: «Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses», dijo en aquella oportunidad. «Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN», agregó.

Los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia, confirmaron que se trataba del mismo animal y que las fotografías habían sido trucadas, retocadas con algo de photoshop. El engaño quedó en evidencia.

El negocio de la publicidad oficial

La investigación apuntó al desvío de publicidad oficial en provecho de las empresas atribuidas al cuñado del exgobernador, Tep SRL y Next SRL, entre 2010 y 2015. El volumen de contrataciones fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal.

El fallo determinó que Aguilera armó un esquema empresarial creando en 2009 ambas firmas para monopolizar y absorber las contrataciones de publicidad estática del Gobierno de Entre Ríos, manteniéndose como socio oculto. Quienes figuraban formalmente como socios ante la Dirección de Personas Jurídicas eran «socios aparentes», según el tribunal. El más activo resultó Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena prácticamente no tuvo actividad por razones de salud.

Los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego: pagar «coimas» para conseguir contratos. Esas comisiones ascendían al principio al 58,63% y luego llegaron hasta el 62%, según consignó el fallo. Bustamante logró zafar del juicio: en mayo de 2018 fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional tras aceptar el rol de arrepentido.

Qué dice la Fiscalía de Estado

Martín Rettore Elena, fiscal de Estado Adjunto, quedó al frente del proceso de materialización del decomiso. En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 aclaró: «Corresponde aclarar que el decomiso fue establecido en 1 de los 5 legajos que llegaron todos juntos a juicio».

«En realidad, los inmuebles y los vehículos están a nombre de Tep SRL, y su decomiso fue pedido en su momento por el Ministerio Público Fiscal por cuanto se entendió que fueron producto de los ilícitos que se le reprochaban en ese legajo», indicó.

Consultado sobre el destino de los bienes, explicó que «el decomiso está ordenado en favor del Estado provincial, y quien dispone posteriormente la utilización o el destino de los inmuebles y los muebles es el Poder Ejecutivo». El tribunal informó a través de un oficio que la sentencia se encuentra firme y que hay que materializar el decomiso. «Por la Fiscalía de Estado voy a tomar intervención yo, en mi carácter de fiscal de Estado Adjunto, a los efectos de materializar esta toma de posesión y poner a disposición del Poder Ejecutivo, como se ha hecho en otros casos».

Sobre los plazos, Rettore Elena señaló que el trámite es «muy expeditivo» y que luego resta la parte administrativa de transferencias, con intervención de la Escribanía Mayor de Gobierno. En cuanto al valor de lo decomisado, admitió que aún no fue cuantificado: en el caso de los inmuebles interviene el Consejo de Tasaciones.