El Estado se retira y las familias de personas con discapacidad ponen la cara: demoras de hasta un año en los pagos

Un informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba puso números a una realidad que el sector viene gritando desde hace años: el sistema de prestaciones para personas con discapacidad se cae a pedazos y las demoras en los pagos llegan a un año. El estudio, realizado entre junio y julio, reveló que el sistema se sostiene solo por el sobreesfuerzo de familias, profesionales e instituciones.

Una torre de Jenga a punto de derrumbarse

La investigación Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad en Córdoba comparó la situación con una torre de Jenga: las omisiones del Estado y la asfixia económica van retirando las piezas clave hasta que todo se tambalea.

Para el estudio se escucharon las voces de personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y transportistas de la ciudad de Córdoba. Participaron entidades como la Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis), Federación Converger, el Colectivo 3 de diciembre, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI).

El panorama que describen es desolador: más de 400 mil cordobeses viven con limitaciones funcionales permanentes, pero apenas 127.774 cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en la provincia.

Pagos que no llegan y tratamientos que se recortan

El informe documentó un quiebre total en la cadena de pagos: las demoras a obras sociales y programas estatales van de varios meses a un año. Ese desfinanciamiento se traslada directo a la vida cotidiana de las personas con discapacidad, que sufren recortes de tratamientos, quedan confinadas en sus casas por falta de transporte y deben recurrir a amparos judiciales para conseguir medicamentos o insumos básicos.

"Tuve que dejar de trabajar mediodía, se me reduce el sueldo, pero no tengo otra opción. Era: trabajo o me dedico a mi hijo", relató una madre de un niño con discapacidad.

"Tenemos la cuenta en rojo mil veces. Tenemos que trabajar con el giro en descubierto, endeudarnos, buscar préstamos, terminar de pagar uno y agarrar otro", contó el directivo de una institución.

Turnos, pensiones y acompañantes en la cuerda floja

El sector también denunció un colapso de turnos para los certificados de discapacidad. En la ciudad de Córdoba hay siete hospitales con juntas evaluadoras que demoran entre 2 y 3 meses solo para asignar un turno.

A eso se suman la suspensión de nuevas altas de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y auditorías masivas que el sector percibe como una estrategia de desgaste.

La figura del acompañante terapéutico también está precarizada: al no estar en el nomenclador nacional, el valor de la hora queda sujeto a convenios unilaterales con aranceles que imponen las obras sociales.

Los profesionales de la salud y la educación cobran sus honorarios recién a los 90 o 180 días, lo que los empuja al pluriempleo o directamente a la informalidad y a rubros ajenos a su formación.

"Creo que nadie puede sobrevivir en la realidad económica que nos toca como país cobrando recién a 90 días de cuando iniciaste tu trabajo, con suerte", explicó un profesional del sector.

La brecha que ahoga: 225% contra 336%

El desfasaje del nomenclador nacional es otro golpe. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles oficiales subieron un 225% promedio, mientras que la inflación acumulada llegó al 336%. La diferencia es de 111 puntos porcentuales que nadie cubre.

Para no quebrar, las instituciones recurren al endeudamiento bancario, organizan peñas y sorteos benéficos y recortan servicios de seguridad y limpieza. Todo para poder cumplir con los compromisos fiscales.

El Estado nacional: omisión y acción

El informe describe una doble dinámica del Estado nacional. Por un lado, la omisión: falta de fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud e incumplimiento de la Ley de Emergencia 27.793. Por el otro, la acción: la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se convirtió en Secretaría Nacional de Discapacidad bajo el Ministerio de Salud, y la oficina en Córdoba quedó vaciada, pasando de 12 a solo 4 agentes presenciales. A eso se suma el cierre de la sede en Río Cuarto.

Los actores del sector también denunciaron la construcción de un discurso oficial centrado en la "sospecha de fraude" en los programas de atención y en el acceso a pensiones no contributivas, que busca estigmatizar a las personas con discapacidad.

Del otro lado, reconocen algunas medidas paliativas del Gobierno provincial como un auxilio indispensable, aunque insuficientes frente al déficit estructural que acumula la Nación.

El informe se presentó en Río Cuarto

La Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el estudio junto a otros relevamientos en el segundo Plenario de la Asociación de Defensoras y Defensores de la República Argentina (Adpra), que se realizó en Río Cuarto.

El Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, presentó los trabajos sobre la canasta de personas mayores, la investigación sobre discapacidad y la labor de mediación comunitaria en materia habitacional.

"Además de atender y acompañar a la ciudadanía, desde la Defensoría buscamos identificar dónde están las necesidades y las vulneraciones de derechos. Nuestros informes permiten mostrar esas realidades y, al mismo tiempo, orientar el trabajo de los equipos interdisciplinarios para intervenir, gestionar respuestas y aportar elementos que contribuyan a fortalecer las políticas públicas", expresó Galoppo.