El Estado mendocino ya lo echó, pero un beneficio gremial lo mantiene en el cargo

El Gobierno de Mendoza quiere destrabar un despido que ya está resuelto en el plano administrativo, pero que sigue frenado por una protección gremial. La cesantía de un empleado judicial fue dispuesta, y ahora el Ejecutivo busca que la Justicia le quite la tutela sindical para poder hacerla efectiva.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 1762, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Allí se instruye a Asesoría de Gobierno para que inicie una acción judicial destinada a excluir de la tutela sindical a un agente que se desempeña en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia.

Quién es el empleado y qué se le imputa

El trabajador, identificado en esta nota únicamente como D.M.M., integra el personal técnico y administrativo y revista como oficial de tercera. El procedimiento administrativo se originó a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en informes de dominio.

En total fueron tres hechos en los que habría falsificado instrumentos públicos. Por ese expediente, el Procurador General dispuso su cesantía al considerar que su conducta había infringido distintas prohibiciones previstas para los empleados públicos.

Sin embargo, como D.M.M. posee protección gremial, la sanción quedó condicionada a que previamente exista una resolución judicial que autorice la exclusión de esa tutela. La legislación sindical establece que determinadas medidas contra trabajadores que cuentan con tutela no pueden ejecutarse sin una decisión judicial previa que quite esa protección.

Una causa penal y la sombra de la exoneración

La resolución administrativa contiene además otro elemento: deja prevista la posibilidad de que la cesantía sea convertida en exoneración si el agente resulta condenado penalmente como autor de un delito contra la Administración Pública en la causa identificada como P-104714/22.

El decreto no informa cuál es el estado actual de ese expediente penal ni establece que exista una condena. Es decir, la investigación sigue su curso y la eventual conversión de la sanción queda supeditada a lo que resuelva la Justicia penal.

El paso que sigue

Debido a la protección sindical del empleado, la Procuración remitió las actuaciones a Asesoría de Gobierno para avanzar ante la Justicia. El gobernador Alfredo Cornejo ratificó lo dispuesto por la Procuración e instruyó formalmente a Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia, inicie la demanda de exclusión de tutela sindical.

Recién si la Justicia hace lugar a ese planteo podrá avanzar la aplicación de la cesantía ya resuelta administrativamente. Hasta entonces, el empleado conserva su protección gremial y el Gobierno no puede ejecutar el despido.