El estado de California les cerró la puerta a los operativos del ICE: los carteles que ya se mandaron a imprimir

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la AB 1807, una ley que prohíbe que las propiedades y recursos del estado se usen para preparar o ejecutar operativos de control migratorio federal. La norma forma parte de un paquete de medidas con el que el mandatario demócrata busca poner límites a la actuación del ICE en territorio californiano.

Según la legislación, los inmuebles estatales no podrán emplearse para estacionar, reunir, preparar, movilizar ni desplegar personal, vehículos o equipos destinados a esas tareas de control. La iniciativa fue impulsada por los asambleístas Juan Carrillo y Jesse Gabriel.

Qué cambia con la AB 1807

Uno de los ejes centrales de la ley es la obligación de identificar los inmuebles públicos que ya fueron utilizados o que podrían ser empleados en el futuro para operaciones migratorias. De esa tarea deberán ocuparse el Departamento de Servicios Generales (DGS) y las distintas agencias del estado, que coordinarán el relevamiento.

Una vez detectados esos espacios, las autoridades deberán instrumentar medidas para impedir accesos no autorizados. Entre ellas figuran la colocación de barreras físicas y de carteles estandarizados que informen sobre las restricciones que fija la norma.

El diseño de esa señalización quedará en manos de la Oficina del Fiscal General de California, que además deberá poner los modelos a disposición para su descarga gratuita. Así, todas las dependencias podrán usar un mismo formato para comunicar la prohibición.

“California toma medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en materia de control migratorio en nuestro estado”, sostuvo Newsom en un comunicado. Y agregó: “Se trata de asumir la responsabilidad donde el gobierno federal ha fallado a nuestras comunidades”.

El registro de cada intento de operativo

La AB 1807 también incorpora obligaciones de documentación. Las agencias estatales deberán fijar procedimientos para dejar constancia escrita de cualquier intento o de la utilización efectiva de una propiedad estatal por parte de agentes federales vinculados con la aplicación de las leyes migratorias.

Esos registros tendrán que incluir, cuando corresponda, fotografías o videos como evidencia. Además, las dependencias deberán informar de manera inmediata a la Oficina del Fiscal General sobre esos episodios, de acuerdo con los procedimientos que establece la nueva norma.

Otro componente de la ley es la información sobre derechos: los empleados, inquilinos y trabajadores de seguridad de los recintos estatales tendrán que recibir materiales educativos que expliquen sus derechos frente al ingreso de agentes federales a esas instalaciones.

Las otras medidas del paquete

La AB 1807 no es la única norma que firmó Newsom. El paquete legislativo también crea un impuesto del 25% para los centros privados de detención que operen en California.

A eso se suma la prohibición de que las fuerzas del orden utilicen guantes capaces de producir descargas eléctricas durante actividades de aplicación de la ley. También se establecen requisitos para identificar de forma clara los vehículos de alquiler empleados en arrestos o traslados.

Tras la firma, el gobernador planteó que el estado no puede determinar la política federal, pero sí fijar las condiciones bajo las cuales se desarrollan determinadas actividades dentro de su territorio. Según su declaración, las nuevas leyes buscan que las actuaciones vinculadas con el control migratorio queden sujetas a las normas estatales y cuenten con mecanismos de supervisión.

“Se trata de dar un paso al frente; dar un paso al frente donde el gobierno federal le ha fallado a nuestras diversas comunidades”, afirmó Newsom.

“California continuará protegiendo a nuestra gente, haciendo cumplir el estado de derecho y dejando en claro que el gobierno federal debe operar en nuestro estado con la rendición de cuentas y la transparencia que todos merecemos”, reiteró.