El escándalo de los presos que estafan con celulares: el PRO exige que Río Negro bloquee las señales

Una millonaria estafa telefónica a un jubilado destapó un secreto que incomoda al sistema penitenciario rionegrino: desde una celda se pueden organizar delitos impunemente. Ahora, el bloque del PRO en la Legislatura salió a reclamar medidas concretas para cortar de raíz esa posibilidad.

El planteo llegó formalmente al Gobierno de Alberto Weretilneck, con un pedido para que se aplique el bloqueo de celulares en las cárceles de la provincia. La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Martin y acompañada por María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo, busca adherir a un mecanismo nacional que ya está disponible.

¿Qué disparó el reclamo?

Todo se aceleró a partir de una investigación por una estafa millonaria contra un jubilado de 72 años. En el marco de ese caso, se detectó que una organización criminal operaba desde una celda del Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma. Allí secuestraron seis teléfonos celulares, varios con tecnología 5G.

El hallazgo no fue un hecho aislado. También influyó el impulso que el Gobierno nacional le dio al bloqueo de señales en las cárceles federales, una idea que ahora el PRO quiere replicar en Río Negro.

¿En qué consiste el proyecto?

El bloque presentó un proyecto de comunicación para que la provincia adhiera a la Resolución 734/2026 del ENACOM. Esa norma permite extender a las cárceles provinciales el procedimiento de bloqueo de dispositivos móviles, a solicitud de las jurisdicciones.

El objetivo es claro: impedir que los internos usen celulares para coordinar estafas o dirigir bandas criminales desde la cárcel. “No podemos seguir permitiendo que desde una celda se planifiquen estafas, se coordinen bandas criminales o se cometan otros delitos contra los rionegrinos cuando existen herramientas tecnológicas para impedirlo”, sostuvo Juan Martin.

Un reclamo que viene de antes

No es la primera vez que el PRO intenta avanzar en este tema. En 2025, el bloque presentó el Proyecto de Ley N.º 429/2025, que proponía instalar inhibidores de señal en todos los establecimientos del Sistema Penitenciario Provincial. También buscaba prohibir el acceso de celulares a los internos y garantizar teléfonos públicos para que puedan comunicarse.

Ese proyecto nunca llegó a tratarse en comisiones. Durante 2026, se sumó el Proyecto de Ley N.º 573/2026, que plantea que la privación de libertad debe incluir tanto la restricción física como la digital. Tampoco avanzó.

“Hace más de un año que venimos planteando esta necesidad y el problema sigue creciendo. Ahora existe una herramienta concreta que Nación ya está utilizando y que puede aplicarse en Río Negro. No hay razones para seguir esperando”, señaló Martin.

¿Qué pide ahora?

El nuevo proyecto solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, requiera al Ministerio de Seguridad de la Nación la aplicación del Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios en las cárceles rionegrinas.

Además, pide que se adopten las medidas tecnológicas necesarias para su implementación. La pregunta que queda flotando es si el Gobierno provincial dará el paso o dejará que el problema siga creciendo.