El empleado público que agredió a un diputado ahora denuncia amenazas de muerte: lo que dijo el intendente lo dejó en shock

Un empleado público imputado por un violento cabezazo a un diputado nacional ahora denuncia haber recibido amenazas de muerte por parte de un intendente, pero la Justicia acaba de desestimar su caso. La resolución judicial, que consideró que no hubo delito, generó una inmediata impugnación por parte de la defensa del denunciante, en un expediente que se tramita de manera paralela al de la agresión original.

En una audiencia celebrada este miércoles, el juez de Concepción, Enrique Martin Cacici, ratificó la decisión adoptada previamente por la Fiscalía Regional, a cargo de Diego Sebastián Hevia. Se desestimó por atipicidad la acción judicial impulsada por Marcelo “Pichón” Segura, de 56 años, quien también es conocido como “Vikingo”.

El magistrado no hizo lugar al otorgamiento del rol de querellante y actor civil solicitado por Segura, quien actualmente permanece bajo arresto domiciliario. El abogado Ernesto Baaclini, representante legal de “Pichón”, interpuso de inmediato un recurso de impugnación contra este fallo y anticipó que elevará los argumentos por escrito en las próximas horas.

¿Qué sucedió realmente durante el episodio?

Este caso se tramita de manera paralela al expediente por lesiones graves agravadas por alevosía, que tiene por víctima al diputado nacional Federico Pelli de La Libertad Avanza. Ambos legajos están vinculados directamente a los hechos ocurridos el 11 de marzo en La Madrid.

Ese día, una comitiva de dirigentes libertarios concurrió al lugar para llevar donaciones a damnificados por las tormentas. En ese contexto, tras un breve intercambio, Segura le propinó un brutal cabezazo a Pelli. Producto del golpe, el diputado tuvo que ser sometido a una cirugía.

El empleado público estuvo 25 días en el penal de Benjamín Paz, con prisión preventiva, pero luego se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud. Ahora, propuso un juicio abreviado con una pena de ejecución condicional de tres años, sumando una serie de reglas de conducta.

La denuncia que cambió todo: ¿qué dijo el intendente?

Pero Segura, a la vez, aparecía como víctima en otro legajo, ya que denunció al intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, por amenazas. Según relató, cuando era conducido al móvil policial, el jefe municipal de la “Perla del Sur” lo insultó y le dijo que lo iba “a matar”.

“Acordate de mi cara, hijo de p…”, afirmó Segura que le dijo Molinuevo. El denunciante aportó videos a la causa a modo de evidencia para respaldar su versión de los hechos.

¿Por qué la Justicia consideró que no hubo delito?

En una resolución dictada el 31 de marzo, el fiscal Hevia analizó el relato de Segura y las pruebas aportadas, valorando “si los hechos denunciados pueden subsumirse en alguna figura penal”. Citó doctrina y jurisprudencia que brindan pautas sobre qué circunstancia representa una amenaza para el derecho penal.

“No se verifica la existencia de una situación de gravedad y seriedad que amerite tener por configurado el delito de amenazas, debido a que las manifestaciones entre las partes en razón de una disputa, no constituyen base suficiente para configurar el ilícito”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal agregó que “teniendo especialmente en cuenta la jurisprudencia reinante en la materia que sostiene en forma pacífica e ininterrumpida que es requisito esencial del delito la gravedad y la incidencia en la psiquis del receptor, y que deben descartarse las amenazas proferidas en un momento de ira o al momento de una discusión verbal”.

Agregó en esa línea que “el hecho se dio en el marco de un conflicto suscitado a raíz de una agresión previa de Segura al diputado Pelli, y en el marco de una discusión”. “Incluso, sobre todo en el primer video se ve que Segura lejos de verse amedrentado o atemorizado por los gritos responde de manera directa al interlocutor, mientras es conducido al móvil policial”, aseveró el fiscal.

La audiencia que confirmó la decisión

Segura, a través de Baaclini, recurrió la resolución del MPF, y su planteo fue tratado en una audiencia a cargo del juez Cacici. La Fiscalía, representada por el auxiliar fiscal Juan José Ibáñez, ratificó el contenido de la resolución, y contó con el visto bueno de Molinuevo, que tuvo por abogado defensor a su hijo, Juan Pablo Molinuevo.

Tras escuchar a las partes, el magistrado dispuso un cuarto intermedio para analizar el caso. Finalmente, resolvió no hacer lugar a lo requerido por Segura y confirmar la decisión de la Fiscalía Regional mediante la cual se desestima la denuncia o querella y se deniega el rol de querellante y la acción civil.

En sus argumentos, el juez se expresó en coincidencia con buena parte de la postura del Ministerio Público Fiscal, y recordó que, al tratarse de un delito de acción pública, la dirección de la investigación corre por cuenta de este órgano judicial.

Además, ratificó el criterio de que, según lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia, el contexto en el que Molinuevo profirió los dichos en cuestión contra Segura -es decir, en una situación posterior a la agresión a Pelli, y ya con la Policía interviniendo- implican que no se configuraba un delito. Y recordó que el denunciante, lejos de mostrarse atemorizado, “se habría dado vuelta con actitud desafiante”.