El duro revés de Capitanich a la Casa Rosada: qué dice el proyecto que nadie vio venir

El senador chaqueño presentó un documento con tres ejes que desnudan los riesgos de la iniciativa. ¿Qué dice sobre los pobres, la tierra y el agua?

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El duro revés de Capitanich a la Casa Rosada: qué dice el proyecto que nadie vio venir
El duro revés de Capitanich a la Casa Rosada: qué dice el proyecto que nadie vio venir

El senador chaqueño Jorge Capitanich salió al cruce del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo. En un documento de tres artículos, el referente justicialista advirtió que la iniciativa atenta contra el acceso de los pobres a la tierra y favorece la extranjerización del territorio.

El primer artículo: el acceso de los pobres a la propiedad

En su primer escrito, Capitanich sostuvo que "el problema no es la propiedad privada: es el acceso de los pobres a la propiedad". Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), existen 6.467 villas y asentamientos en el país donde viven cerca de cinco millones de personas, unas 1,2 millones de familias, en una superficie de 590 km², casi tres veces la Ciudad de Buenos Aires.

El senador remarcó que en esos barrios, dos de cada tres hogares no tienen electricidad formal, nueve de cada diez carecen de agua potable de red y el 99% no tiene cloacas ni gas domiciliario. Además, la gran mayoría no posee título de propiedad sobre el suelo que habita.

En contraposición, el proyecto oficialista "eleva de tres a diez años el plazo de posesión que exige la Ley 24.374 para la regularización dominial de ocupantes de buena fe". Como no modifica el artículo 8° de esa ley, el beneficiario recién consolidaría su título a los veinte años, los mismos plazos que la prescripción adquisitiva del Código Civil y Comercial. También deroga el Capítulo III de la Ley 27.453, el único régimen específico de regularización para barrios populares.

Capitanich también apuntó contra la reforma procesal: "Los nuevos artículos 679 a 686 bis del Código Procesal Civil y Comercial no distinguen entre el intruso que usurpa un inmueble y la familia locataria que atraviesa una insuficiencia transitoria de ingresos: para ambos, restitución inmediata". Y sintetizó: "Confundir a un usurpador con una familia en situación de vulnerabilidad económica no fortalece el derecho de propiedad; debilita el principio de justicia que debe inspirar su protección".

El segundo artículo: la extranjerización de la tierra

En su segundo escrito, titulado "extranjerización de la tierra: la soberanía no se delega", el senador señaló que el proyecto busca "eliminar los límites a la extranjerización de la tierra que la Ley 26.737 estableció en 2011". Consideró que se trata de "un artilugio de falso federalismo" que transfiere la potestad regulatoria a las provincias para que "en los hechos, no haya límite alguno".

La ley vigente establece un tope del 15% de titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y de cada división subprovincial; un sublímite del 30% por nacionalidad; un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo; la prohibición de compra por personas jurídicas de derecho público extranjeras; y restricciones sobre tierras que contienen o lindan con cuerpos de agua y zonas de seguridad de frontera.

Capitanich defendió la ley actual: "La ley no confiscó nada a nadie: ordenó, registró y puso límites hacia el futuro, creando el Registro Nacional de Tierras Rurales". Según el registro actualizado a 2025, más de 13 millones de hectáreas rurales (alrededor del 5% de la superficie rural del país) están en manos extranjeras. Aunque el promedio provincial no supera el 15%, el Observatorio de Tierras de la UBA identificó más de treinta departamentos por encima del límite, con casos extremos como Lácar (Neuquén) con 54% de tierra rural extranjera, y Molinos y San Carlos (Salta) y General Lamadrid (La Rioja) por encima del 50%.

Los titulares estadounidenses encabezan la nómina con cerca de 3 millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles, con fuerte presencia patagónica. Para el senador, "la tierra no es una mercancía cualquiera" sino "la base material del desarrollo, de la producción y del ejercicio efectivo de la soberanía". "Un Estado que renuncia a regular quién es dueño de su territorio renuncia, sencillamente, a ser Estado", sentenció. Además, recordó que la Pastoral Social, ENDEPA y Cáritas Argentina advirtieron que la reforma "abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas".

El tercer artículo: tierra, agua y poder en la era de la inteligencia artificial

En su último artículo, Capitanich afirmó que el proyecto busca "convertir a la Argentina en reserva de recursos de una economía global que los demanda con voracidad creciente". En el contexto de la competencia entre Estados Unidos y China por el control de las cadenas de suministro, iniciativas como la 'Pax Silica' asignan a países como el nuestro el papel de proveedores confiables de tierra, agua, alimentos, minerales y energía.

El senador destacó que el Inventario Nacional de Glaciares registra 16.968 cuerpos de hielo sobre 8.484 km², la segunda superficie englazada de América del Sur después de Chile. El país tiene más de 9.300 kilómetros de fronteras terrestres, más de 5.100 kilómetros de litoral fluvial y marítimo, 156 pasos internacionales y un sistema de cuencas que estructura todo el territorio.

Al eliminar los límites a la titularidad extranjera sobre riberas, nacientes, acuíferos, humedales, bosques nativos y zonas de frontera, alertó sobre "control extraestatal de bienes comunes, desplazamiento de comunidades campesinas y de pueblos originarios, penetración de actores ilegales en zonas sensibles y opacidad en la trazabilidad de las operaciones".

También señaló que el proyecto deroga el artículo 22 quáter de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que prohíbe por treinta años los desarrollos inmobiliarios sobre superficies incendiadas, sintetizado en "quien quema, después construye". Citó la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, que "advierte contra la concentración de datos, capital y capacidad normativa en pocas manos".

Capitanich cerró con una advertencia: "Nuestra posición estratégica y nuestros recursos deben servir para potenciar la calidad de vida del pueblo argentino, no para el enriquecimiento desmesurado de una oligarquía tecno-feudal. Defender la tierra, el agua y el territorio no es nostalgia: es la política de desarrollo más moderna que existe. Porque en la era de la inteligencia artificial, quien controla la tierra controla el agua; quien controla el agua controla la energía; y quien controla ambas, controla el futuro".

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