El duro diagnóstico de un juez sobre la nueva ley penal juvenil que ya está en vigencia
El juez Rodrigo Morabito calificó la Ley 27.801 como “regresiva absolutamente” y advirtió que su aplicación traerá nuevos desafíos. ¿Qué puntos cuestionó con más dureza?
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, no quedó exenta de críticas. El juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, fue contundente al referirse a la Ley 27.801: la calificó como “regresiva absolutamente” y anticipó que su aplicación traerá nuevos desafíos para la Justicia provincial.
En diálogo con Radio El Esquiú 95.3, en el programa Mensajes en la Radio, el magistrado remarcó que los problemas no se limitan a la reducción de la edad de responsabilidad penal. “Es regresiva incluso en cuanto a algunos institutos jurídicos”, afirmó.
Uno de los puntos que más cuestionó es que la norma incorpora aspectos procesales que, según su lectura, corresponden a las provincias. “La cuestión procesal no ha sido una cuestión delegada por las provincias a la Nación”, sostuvo. Además, planteó reparos constitucionales: “Crea algunas otras instituciones que están claramente reñidas con la Constitución Nacional y con las convenciones internacionales”.
Morabito también puso el foco en la infraestructura. Explicó que los adolescentes deben permanecer en instituciones especializadas y no en cárceles comunes, y fue directo: “La provincia de Catamarca necesita tener una institución especializada al respecto”. En ese sentido, advirtió que la baja de la edad implicará una mayor cantidad de adolescentes involucrados en procesos penales.
El juez también marcó contradicciones internas de la nueva normativa, tomando como ejemplo el tratamiento de las condenas anteriores de los adolescentes. “¿Cómo una ley que se sanciona va a ser mucho más regresiva que el propio Código Penal?”, planteó.
Por último, Morabito se refirió al consumo problemático de sustancias y reclamó una respuesta que no sea exclusivamente penal. “Quien padece un consumo problemático tiene un problema también de salud”, dijo. Y cerró con una advertencia: sin presupuesto e infraestructura, “podemos generar responsabilidad y también responsabilidad internacional”.
