El dramático intento de escape de una adolescente obligada a casarse: la Justicia ratificó las condenas

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas de diez años de prisión para un matrimonio y su hijo acusados de captar, trasladar y explotar a una adolescente en Neuquén, a quien forzaron a casarse con uno de ellos cuando tenía apenas 13 años.

El fallo, dado a conocer este jueves, rechazó los planteos de la defensa de Isabel y Alberto Cristo, quienes habían apelado la sentencia del Tribunal Oral Federal de San Juan. El juez Daniel Petrone consideró que la pertenencia de los acusados a la comunidad gitana y la invocación de sus usos y costumbres “no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal”.

La investigación, que se originó en Neuquén, abarcó varias provincias y terminó con la condena de los tres imputados por el delito de trata de personas. La víctima, identificada con las iniciales V.S.Y., fue sometida a una unión forzada en 2022, cuando tenía 13 años, con Franco Cristo, hijo del matrimonio, que por entonces tenía 20.

Según se estableció en el juicio, los acusados pagaron 825 mil pesos a los padres de la adolescente como “precio dotal” para concretar la unión. La fiscalía también atribuyó a Franco haber mantenido relaciones sexuales con la menor al menos tres veces durante el rito matrimonial, una de las cuales derivó en un embarazo que llegó a término.

El calvario en Santa Fe

Tras la unión, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde hasta diciembre de 2024 habría sido sometida a explotación mediante servidumbre sexual, doméstica y laboral. Según su testimonio, durante ese período fue golpeada, quemada con cigarrillos y agua caliente, insultada y amenazada. Además, fue obligada a realizar venta ambulante en condiciones extremas y a encargarse de las tareas domésticas de toda la familia.

El dinero obtenido debía ser entregado íntegramente a los imputados, bajo amenaza de dejarla sin comida ni recursos propios. Las exigencias se mantuvieron incluso durante enfermedades, condiciones climáticas adversas y sus embarazos.

La huida en Caucete

En diciembre de 2024, V.S.Y. se trasladó a San Juan junto a Franco y el hijo que tienen en común, y comenzó a vivir con su familia de origen. El 5 de abril de 2025, Alberto e Isabel Cristo llegaron a la provincia. Al día siguiente, aprovecharon una distracción de los padres de la joven para obligarla por la fuerza a subir a una camioneta con la intención de trasladarla nuevamente a Santa Fe.

Durante una detención en Caucete, cerca de dos estaciones de servicio, la víctima intentó escapar con su hijo en brazos. Isabel Cristo la persiguió a pie mientras los demás la seguían en la camioneta. Finalmente, la mujer la alcanzó y la obligó a subir nuevamente al vehículo, que se retiró a gran velocidad e infringiendo normas de tránsito.

El episodio fue denunciado al 911 por una persona que se encontraba en una estación de servicio y quedó registrado por el Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911 de San Juan. Tras el aviso, personal policial de la Unidad Rural 1 logró detener el vehículo y rescatar a la joven y a su hijo.

La reparación económica

El fallo dictado de forma unipersonal por el juez Daniel Doffo incluía una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la joven, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Finalmente, los camaristas indicaron que los hechos endilgados a los tres acusados “configuran la comisión de conductas expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

El proceso que terminó con la condena estuvo representado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos San Juan, representada por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez; el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo de Gabriela Ventimiglia; la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano; junto con la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), cuya titular es Fernanda Bergalli; y la Dirección General de Recuperación de Activos (DGRADB) a cargo de María del Carmen Chena. En la instancia de Casación, actuó la Fiscalía General 1 ante ese tribunal, a cargo del fiscal general Mario Villar y representada por la auxiliar fiscal Natalia Crede.