El drama oculto de las bibliotecas populares de Catamarca: leyes que no se cumplen y un fondo que nunca llega

Las bibliotecas populares de Catamarca luchan por sobrevivir mientras el financiamiento nacional se debilita y la provincia no cumple sus propias leyes. ¿Qué está pasando?

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El drama oculto de las bibliotecas populares de Catamarca: leyes que no se cumplen y un fondo que nunca llega
El drama oculto de las bibliotecas populares de Catamarca: leyes que no se cumplen y un fondo que nunca llega

Las bibliotecas populares de Catamarca enfrentan una crisis silenciosa: mientras el financiamiento nacional se debilita, la provincia acumula una deuda pendiente con estas instituciones. Las leyes existen, pero los recursos prometidos nunca llegan, y el futuro de estos espacios comunitarios pende de un hilo.

El debate por la Ley de Bases dejó al descubierto una amenaza concreta: se propuso derogar el Fondo Especial para Bibliotecas Populares y reemplazar los beneficios históricos por subsidios discrecionales. Aunque esa reforma no prosperó, el daño ya está hecho: la incertidumbre sobre el financiamiento nacional es una realidad que golpea a todo el país.

¿Qué dice la ley provincial?

Catamarca no está desprotegida en papel. La Ley N.º 5453, vigente desde hace años, establece un marco normativo integral para las bibliotecas populares. Crea un Fondo Especial de Protección y Fomento, prevé aportes para mantenimiento, adquisición de libros, préstamos para edificios, exenciones de servicios y becas para el personal.

Pero la norma no se queda ahí: también impone obligaciones concretas al Estado provincial. La autoridad de aplicación debe administrar el fondo, distribuir subsidios, mantener un registro actualizado y elaborar un plan de trabajo anual. Además, la Ley N.º 5374 creó un registro único y catálogo de bibliotecas, con responsabilidades claras en materia de registro y catalogación.

La brecha entre la ley y la realidad

Entonces, ¿qué pasa? La pregunta inevitable es: ¿se han utilizado realmente estas herramientas? La respuesta, según quienes están al frente de las bibliotecas, es un rotundo no. Durante años, estas instituciones han sobrevivido gracias al esfuerzo de sus socios, voluntarios y comunidades, mientras el Estado provincial miraba desde afuera.

La ley establece subsidios, préstamos, un fondo especial y una comisión protectora, pero en la práctica nada de eso se traduce en políticas concretas. La percepción cotidiana es que los instrumentos legales no se usan con la intensidad ni la continuidad que la realidad exige.

No se trata de un ataque personal a la directora de Bibliotecas y Archivo, Celia Sarquis, sino de una falla estructural que alcanza a todo el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y al propio Poder Ejecutivo. La responsabilidad es colectiva, no individual.

Un proyecto de ley para salvar las bibliotecas

Ante esta situación, Ezequiel Fonseca, presidente de la Biblioteca Popular Pedro Salomón Chade, decidió pasar a la acción. Elaboró un proyecto de ley que fue presentado a la diputada provincial Estela Nieva, con el objetivo de fortalecer el sistema provincial de protección.

La propuesta incluye la creación de un Fondo Económico Asistencial para Bibliotecas (FEAB), integrado por recursos provinciales, donaciones y aportes de otros organismos. Pero lo más innovador es una partida de contingencia: si los fondos nacionales se demoran más de sesenta días, se reducen o se suprimen, la provincia deberá intervenir para garantizar la continuidad de las bibliotecas.

También se establecen mecanismos de control legislativo sobre los fondos destinados a estas instituciones. No se busca reemplazar a la CONABIP, sino complementarla y defender su existencia.

El valor de una biblioteca abierta

Una biblioteca popular no es solo un depósito de libros. Es un espacio de encuentro, una herramienta educativa, un pilar cultural y un guardián de la memoria comunitaria. Cuando una biblioteca cierra, la comunidad pierde mucho más que un edificio.

Por eso, el reclamo es claro: que se cumplan las leyes que protegen a las bibliotecas populares, que se gestionen los recursos previstos y que el Estado provincial asuma su responsabilidad. No es una cuestión de buenas intenciones, sino de decisión política y capacidad de gestión.

Catamarca tiene las leyes, los organismos y los instrumentos. Lo que falta es voluntad para usarlos. Y mientras tanto, las bibliotecas populares siguen esperando que la provincia pague su deuda pendiente.

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