El drama del bebé de Rancul: ordenan entregarlo el lunes y el caso llega a la Corte
Una orden judicial obliga a entregar a un bebé de siete meses el próximo lunes. La decisión de la Corte Suprema y el traslado de una jueza en plena disputa encienden la polémica.
El próximo lunes, un bebé de siete meses deberá ser entregado por la familia de contención de Rancul, en un giro que sacude una disputa judicial que ya llegó a la Corte Suprema de la Nación.
La notificación llegó desde el juzgado de General Pico que interviene en la causa. El niño, que estuvo al cuidado de Joaquín Díaz y Ana Paula Pizzani desde que tenía dos meses, deberá iniciar el proceso de acoplamiento con la familia seleccionada por el Registro de Adopción.
El anuncio se conoce en paralelo a una decisión de la Corte Suprema que abrió la puerta a revisar si las normas que impiden que las familias de contención adopten son constitucionales. Sin embargo, el máximo tribunal no suspendió la entrega.
Qué resolvió la Corte
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió analizar el planteo presentado por la pareja de Rancul. No implica que haya concedido la adopción, pero habilita el debate sobre la constitucionalidad de las leyes nacionales y provinciales que hoy excluyen a las familias de contención del proceso adoptivo.
Mientras tanto, la Justicia provincial notificó que el bebé deberá ser entregado este lunes. La familia de contención, que había recibido al niño cuando pesaba poco y estaba internado en Neonatología, construyó un fuerte vínculo afectivo con el pequeño durante estos meses.
El traslado de la jueza Loscertales
En medio de la controversia, la jueza de Familia de General Pico, Paola Loscertales, fue trasladada de manera sorpresiva al Juzgado Regional Letrado de 25 de Mayo, donde ya se había desempeñado como titular desde 2018. La medida generó malestar en ámbitos judiciales y fue interpretada por personas cercanas a la magistrada como una posible represalia por su resolución en el caso del bebé de Rancul.
Loscertales era jueza sustituta en el Juzgado de Familia N° 3 de la Segunda Circunscripción. En ese rol, hizo lugar a una medida cautelar presentada por Díaz y Pizzani, que permitió que el bebé siguiera en su hogar y frenó el proceso de adopción hasta que haya una resolución definitiva.
El pedido original de la pareja había sido rechazado por la jueza Ana Clara Pérez Ballester. Ante esa negativa, recurrieron a la Justicia y lograron el amparo que ahora está en discusión.
Denuncias y debate
La controversia se profundizó cuando la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de General Pico intimó a la pareja a entregar al bebé mediante un mensaje de WhatsApp, sin resolución formal ni notificaciones administrativas, según denunciaron los propios integrantes de la familia.
La normativa actual establece el carácter transitorio de las familias de contención y busca evitar que quienes reciben a los niños bajo ese régimen obtengan una ventaja frente a los postulantes inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Pero este caso abrió un debate sobre si hay que contemplar los vínculos afectivos que se generan durante esos períodos.
Desde el entorno de Loscertales aseguran que, después de que concedió el amparo, el trato que recibía dentro de parte del ámbito judicial cambió por completo. “Después que concedió el amparo, le dejaron de hablar, le dejaron de atender el teléfono. Cambió todo el trato de una parte de la Justicia”, señaló una fuente cercana al caso.
La jueza ahora deberá regresar a 25 de Mayo, una localidad que está a unos 540 kilómetros de General Pico. En paralelo, la pareja de Rancul presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados de La Pampa para modificar la normativa y permitir que las familias de contención puedan ser consideradas como adoptantes.