El drama de una láctea paralizada: 82 empleados esperan que la justicia destrabe la venta

En la localidad santafesina de Díaz, 82 familias están en vilo. La fábrica Sudamericana de Lácteos lleva cuatro meses sin producir y los salarios no se cobran desde entonces. Este martes, una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe podría definir si la planta vuelve a funcionar o termina de cerrar sus puertas.

Todo depende de que el sindicato ATILRA dé el visto bueno a la compra que ofrece el empresario agroindustrial Pablo González, de 52 años, quien ya tiene un acuerdo de precio con los actuales dueños. Pero el gremio pone condiciones que el comprador considera trabas.

¿Quién es el comprador y qué propone?

González, nacido en Pergamino y radicado en Rosario, es dueño de una aceitera de girasol en Serodino, a pocos kilómetros de la planta. Se interesó en la láctea tras escuchar a tamberos que le compran el expeller de girasol. En marzo visitó las instalaciones y analizó las cuentas hasta convencerse de que la fábrica es viable.

Su plan es arrancar produciendo queso barra, tanto para el mercado interno como para exportación, y luego ampliar la variedad. La planta tiene capacidad para procesar cinco millones de litros de leche por mes. “Apuntamos a un inicio con monoproducto, para hacer más rentable la salida”, explica González, que es ingeniero químico y profesor universitario.

Pide tres meses de “reacomodamiento” para arrancar a media máquina, y propone aplicar el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite pagar hasta el 75% del salario y postergar aportes patronales por tres meses. Afirma que ese mecanismo ya se usa en otras 3.000 empresas.

Los reparos del sindicato

Nicolás Garnero, secretario de la seccional Gálvez de ATILRA, exige garantías concretas. “Así como el comprador quiere asegurarse la empresa, los trabajadores queremos garantías”, sostiene. Reclama que los operarios sean registrados bajo el convenio lácteo y que el empresario presente avales bancarios o seguros de caución que aseguren el pago de salarios atrasados y futuros.

Garnero cuestiona el uso del artículo 223 bis en este contexto: “Autoriza a no pagar cargas sociales y un 75% del sueldo cuando los trabajadores están suspendidos por falta de trabajo, pero acá se trataría de gente trabajando. ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿Quién se hace responsable? Creemos que esto es un fraude laboral”.

El sindicato no se opone a eventuales despidos con indemnización, pero insiste en que la deuda con los empleados debe ser saldada por los actuales dueños, no por el nuevo comprador.

El cruce de acusaciones

González, por su parte, califica las exigencias gremiales como “palos en la rueda” y llama a “bajar al llano, a la realidad dura y pura”. En un tono encendido, pide al sindicato “dejar de lado la soberbia, arrogancia e hipocresía” y “cambiar los lentes de sol, habano y whisky por anteojos de leer, lapicera y calculadora”.

“Es una situación crítica, el tiempo no juega a favor. Ofrezco soluciones reales, crudas, pero practicables”, afirma el empresario, que promete además inversiones en infraestructura energética y una planta de energía solar si concreta la compra.

La audiencia de este martes será clave. De no alcanzarse un acuerdo, los 82 puestos de trabajo corren serio riesgo. “Existen actores que lamentablemente no pueden decidir si seguir o parar. Son rehenes de la misma”, concluye González.