El drama de los desalojos en Salta: casi 200 causas en 7 meses y un proyecto que promete acelerar todo

La Justicia salteña está al límite: 199 causas de desalojo ingresaron en lo que va del año, una cifra que ya representa dos de cada tres expedientes de todo 2025. Mientras tanto, un proyecto nacional busca agilizar los procesos, pero las voces oficiales advierten que la realidad es más compleja.

Según datos del Poder Judicial provincial relevados hasta el 24 de julio, 160 de esas causas corresponden al centro y 39 al interior. El número contrasta con los 297 casos registrados durante todo 2025 y los 275 de 2024, lo que marca una tendencia creciente.

¿Qué significa realmente una causa de desalojo?

Es importante aclarar que un expediente iniciado no implica necesariamente un desalojo efectivo. Muchos casos se resuelven antes, pero la cifra refleja la presión sobre el sistema judicial y la problemática habitacional.

El dato cobra relevancia en medio del debate por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado y busca acelerar los procesos. La iniciativa, que todavía debe pasar por Diputados, propone que los desalojos se tramiten por juicio sumarísimo.

La palabra de los especialistas

Alberto Córdoba, director general de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad, fue contundente: "Actualmente un juicio de desalojo se tramita en un proceso ordinario que demora entre 18 a 24 meses". Con la reforma, aseguró, "va a pasar a tramitarse en un juicio sumarísimo, que se celebra en una sola audiencia", con plazos de ejecución de dos a seis meses.

Sin embargo, Córdoba desmintió que hoy los desalojos tarden solo seis meses. "No, no es tan así", afirmó, y explicó que los mecanismos rápidos solo se aplican en casos puntuales con cautelares o peligro en la demora.

El trabajo de conciliación municipal

En paralelo, el área municipal realiza unas 10 audiencias por semana, con un crecimiento del 40% respecto al año pasado. Los conflictos más comunes: actualización de alquiler, atrasos en pagos, arreglos al finalizar el contrato y devolución de depósitos.

Un dato alarmante: entre el 30% y el 40% de las denuncias corresponden a alquileres informales, sin contrato. Y los adultos mayores son un grupo especialmente vulnerable. "Si tenés mayores que están en una precariedad en lo que se refiere a su jubilación, se les encarece muchísimo la posibilidad de cumplir", sostuvo Córdoba.

La conciliación está dando resultados: de 72 audiencias, 34 fueron por desalojos y en 26 hubo acuerdo. "Todas esas personas, en el 80% han tenido respuesta en la celebración de un acuerdo", señaló.

Qué propone el proyecto nacional

La iniciativa establece juicio sumarísimo, restitución anticipada del inmueble si hay verosimilitud del derecho, y un plazo mínimo de 10 días para que el inquilino regularice deudas. También prevé la intervención del Ministerio Público en casos de menores, adultos mayores o discapacitados.

Para Córdoba, "es una herramienta más fuerte para el propietario", pero puede "equilibrar la balanza" si se resguardan los derechos de ambas partes. "Es un paso adelante, siempre y cuando se puedan resguardar los derechos entre las partes", concluyó.

El área de Atención al Inquilino funciona en el Centro Cívico Municipal, avenida Paraguay, de lunes a viernes de 8 a 14, y también atiende consultas por WhatsApp al 3872-542826.