El drama de las familias de Clorinda que siguen a oscuras: la firma que falta y el grito que indignó
¿Por qué siguen a oscuras las familias de Clorinda si REFSA ya dio su visto bueno? La respuesta está en una firma que no aparece y un grito que encendió la polémica.
Un grupo de familias del barrio San Miguel de Clorinda se plantó en el Concejo Deliberante para reclamar una solución definitiva al eterno problema del suministro eléctrico. La respuesta, aseguran, está a una firma del intendente Ariel Caniza, pero esa firma no llega.
¿Qué frenó el trámite?
Mientras algunos ediles sostienen que el expediente está trabado esperando un informe de REFSA, los vecinos desmienten esa versión con papeles en la mano. Según la documentación que exhibieron, la empresa estatal ya emitió su dictamen el pasado 2 de julio. El único escollo, denuncian, es la autorización municipal para habilitar las conexiones formales.
Las referentes barriales Elena Barrios y Nélida Dávalos mantuvieron una reunión con los concejales Acosta y Virgona al término de la sesión, donde expusieron la gravedad de la situación.
Vivir con conexiones precarias: el riesgo de cada día
Sin el aval del municipio, no se pueden instalar medidores ni formalizar la red. Las familias dependen de conexiones precarias que provocan caídas de tensión constantes, impidiendo el uso de electrodomésticos básicos y generando un peligro latente de electrocución.
La situación es especialmente crítica para niños, adultos mayores y personas que necesitan refrigerar medicamentos, todo en medio de las altas temperaturas de la región.
Un grito que cruzó el recinto
La jornada no estuvo exenta de tensión. Mientras los vecinos se manifestaban, un trabajador municipal identificado como Ocampo los increpó violentamente: “váyanse a la calle, pobres de mierda”. Además, una mujer llamada Miriam Figueredo intentó desvirtuar el reclamo con descalificaciones, según relataron las portavoces.
¿Voluntad política o especulación electoral?
Los vecinos del barrio San Miguel no piden subsidios ni privilegios, solo la habilitación formal para ingresar al sistema comercial de la empresa eléctrica. Pero entre las familias afectadas crece la sospecha de que la demora en la firma responde a un cálculo electoral, estirando una decisión que depende únicamente de la voluntad política.
