El diputado que quiere saber cuánto cuesta la ley penal juvenil: "¿De dónde sale la plata?"

El diputado provincial Mamerto Acuña puso el grito en el cielo durante el debate del dictamen que busca adecuar el régimen procesal penal juvenil de Catamarca a la Ley Nacional 27.801. Su reclamo central: el proyecto establece que la norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, pero no dice cuánto costará implementarla ni de dónde saldrá el dinero.

"Nadie discute que Catamarca tiene que adecuar su régimen a la ley nacional. Lo que planteamos es que una ley que nace sin financiamiento corre el riesgo de quedarse en el papel", disparó el legislador.

Los gastos que nadie calculó

Acuña explicó que para que la norma funcione de verdad hará falta una estructura que hoy no está detallada: órganos especializados, cobertura de cargos, dos equipos interdisciplinarios (uno del Poder Judicial y otro de Desarrollo Social), programas de medidas alternativas, profesionales especializados, adecuaciones en los centros de privación de libertad y la incorporación de la figura del Supervisor que exige la legislación nacional.

El diputado cuestionó que el dictamen no incluya una planilla de impacto fiscal que permita saber con precisión cuántos cargos se crearán, cuál será el costo salarial anual, cuánto demandará la infraestructura y cuál será el gasto operativo de poner el sistema en marcha.

La letra chica que preocupa

El legislador apuntó contra los artículos 195 y 198 del proyecto, que habilitan a la Corte de Justicia a pedir partidas "extraordinarias o adicionales" y al Poder Ejecutivo a "reajustar y reasignar" partidas del Poder Judicial, Desarrollo Social y Hacienda.

"Si el propio proyecto admite que pueden hacer falta partidas extraordinarias, está reconociendo que habrá gasto por encima de lo previsto. Entonces tiene que decir ahora de dónde sale ese dinero", sentenció.

Acuña recordó que el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera N° 4.938 establece que "toda Ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". Y sumó que los artículos 27 y 31 de esa misma norma fijan que los créditos presupuestarios son el límite máximo para gastar.

El número que complica todo

Otro de los focos del reclamo fue el Presupuesto 2026. Según indicó Acuña, el Poder Judicial tiene asignados $148.749.213.101 y el artículo 10 de la ley presupuestaria prohíbe alterar ese total con reestructuraciones internas.

"Hay dos opciones. Si se paga con lo que ya tiene la Justicia, hay que decir qué se deja de financiar. Si hace falta más dinero, eso no es una reasignación: es una ampliación del presupuesto, y esa decisión le corresponde a esta Legislatura, no a una facultad delegada al Ejecutivo", explicó.

Las preguntas que exige responder

En ese marco, Acuña trasladó al miembro informante una serie de interrogantes sobre la viabilidad presupuestaria del proyecto: si existe un informe de impacto presupuestario, cuánto costará implementar la ley durante 2026 y cuál será su costo anual a partir de 2027, cuántos cargos nuevos deberán financiarse, cuánto demandarán los equipos interdisciplinarios y la adecuación de los centros de privación de libertad, y qué partidas concretas del Presupuesto 2026 se prevé reasignar.

También planteó que, si esos recursos resultan insuficientes, se precise la fuente de financiamiento en los términos del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera N° 4.938. Y agregó que cualquier mecanismo de financiamiento deberá respetar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.

"Queremos una ley que se pueda cumplir. Los jóvenes, las víctimas y los operadores judiciales necesitan un sistema que funcione, y eso empieza por saber cuánto cuesta y quién lo paga", cerró el diputado.