El diputado que destapó el caso Kategora deberá explicar ante la Justicia qué encontró

La causa que investiga al exdirector de la Escuela Provincial 733 de San Vicente, Juan Carlos Kategora, tendrá este lunes un nuevo capítulo. El diputado provincial Cristian Castro, autor de la denuncia penal, fue citado a declarar como testigo ante el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas, desde las 8.

La convocatoria llega más de dos meses después de que el legislador del Partido Agrario y Social (PAyS) se presentara en la Justicia para pedir que se investigara la situación del exdirectivo. Según contó el propio Castro, la citación se enmarca en las actuaciones abiertas a partir de la denuncia que presentó el 13 de agosto.

En esa presentación, el diputado solicitó que se examinaran las licencias otorgadas, las remuneraciones cobradas y la eventual responsabilidad de los funcionarios que tramitaron y autorizaron esas ausencias.

Qué reveló el caso

El expediente tomó notoriedad pública cuando este diario dio a conocer, con datos del Consejo General de Educación (CGE), que Kategora había sumado 3.363 días de licencia por enfermedad de largo tratamiento. A esa cifra se le agregaban otros 639 días por distintos motivos: enfermedades comunes, atención de familiares enfermos y cambios de tareas.

Todo eso ocurría durante un período de aproximadamente 18 años en el que el exdirector también figuraba como empleado de la empresa estatal Energía de Misiones (EMSA). La superposición encendió las sospechas sobre si el docente efectivamente prestaba servicios y sobre su vínculo laboral con la eléctrica.

Los pedidos de prueba

En su denuncia, Castro reclamó los legajos administrativos del exdirector, el detalle de sus licencias y las remuneraciones que se le liquidaron. También pidió a EMSA que informara su situación laboral, antigüedad, haberes y si cumplía tareas.

Otro de los requerimientos apuntó a la Dirección Nacional de Migraciones: el diputado solicitó conocer los viajes internacionales de Kategora entre 2006 y 2026. El pedido se vinculó con fotografías que el propio exdirector había difundido en sus redes sociales, donde aparecía en destinos como Dubái y Aruba.

La renuncia y el avance del sumario

Cuando el caso salió a la luz, Kategora renunció al cargo de director de la Escuela 733. Desde el CGE aclararon que esa salida no cerraba el sumario administrativo que ya estaba en marcha para esclarecer lo sucedido.

Después, el organismo educativo pidió constituirse como querellante particular en la causa penal, con la intención de aportar documentación, impulsar medidas de prueba y seguir de cerca la investigación.

Además, a través de la Resolución 5248, el CGE amplió las actuaciones administrativas para analizar la posible participación de Marcela Evangelina Max, pareja de Kategora, que trabajaba en el área de Salud Laboral de San Vicente. Según el organismo, la documentación indicaría que la docente habría intervenido en trámites ligados al otorgamiento de licencias a su cónyuge. Por eso se ordenó su reubicación preventiva mientras avanza el sumario.

La presidenta del CGE, Daniela López, había confirmado a este diario que el organismo recibió el informe que se le pidió a EMSA sobre la situación laboral de Kategora, aunque no dio detalles de su contenido.

"La renuncia no puede significar el cierre del caso"

Antes de su declaración, Castro insistió en que la investigación no debe quedarse en la conducta del exdirector, sino alcanzar a quienes autorizaron y renovaron las licencias durante años.

"Acá no estamos hablando solamente de un director que acumuló miles de días de licencia. Estamos hablando de recursos públicos, de controles que pudieron haber fallado durante años y de responsabilidades que deben investigarse", sostuvo.

Y agregó: "La renuncia de Kategora no puede significar el cierre del caso. La Justicia tiene que investigar hasta el final, establecer si hubo un perjuicio económico y determinar quiénes permitieron que esto ocurriera. Los recursos del Estado son de todos los misioneros y nadie puede estar por encima de la ley".

La causa tramita en el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas y busca determinar si hubo delitos en el otorgamiento de las licencias, en la documentación utilizada y en el cobro de los haberes. Por ahora, las irregularidades denunciadas son hechos bajo investigación y no existe una determinación judicial de responsabilidad penal.