El diputado Orellana rompió el silencio tras la imputación por las pensiones en Anta y lanzó una contundente defensa

El escándalo por las pensiones por discapacidad en Anta sacudió la política salteña. Ahora, el diputado provincial Francisco Gerardo Orellana, uno de los 15 imputados, salió a defenderse públicamente con un contundente descargo que promete dar que hablar.

En un video difundido en su cuenta de Facebook, el legislador por el departamento de Anta aseguró que nunca tuvo procesos judiciales en sus más de 34 años de ejercicio como médico y que confía plenamente en la Justicia.

“Estoy tranquilo y espero que el avance de la investigación permita esclarecer los hechos”, afirmó Orellana, quien además negó haber actuado de manera deshonesta y se mostró dispuesto a colaborar con la causa.

¿Qué le imputan al diputado?

La investigación, a cargo del fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Roxana Gual, apunta a una presunta organización dedicada a falsificar certificados médicos y otros documentos para tramitar pensiones por discapacidad ante la ANSES.

En el caso particular de Orellana, la Fiscalía le atribuyó los delitos de asociación ilícita en grado de miembro, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La acusación fue formalizada ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, quien autorizó un plazo de un año para continuar con la investigación y dispuso una anotación de litis sobre los bienes de los acusados.

El rol de Orellana como intendente

Según la hipótesis fiscal, durante su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011, Orellana habría avalado trámites de personas que no reunían los requisitos para acceder al beneficio.

La Fiscalía también sostiene que, en períodos electorales, habría ofrecido pensiones a cambio de votos. Uno de los casos más llamativos es el de una mujer de 32 años a quien Orellana habría validado un diagnóstico con un 97% de discapacidad.

Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y deberán ser probadas durante el proceso judicial.

Una causa que alcanza a 15 personas

La pesquisa comenzó en julio de 2024 y derivó en 26 allanamientos realizados en domicilios, hospitales, consultorios, clínicas privadas y dependencias municipales.

De acuerdo con el MPF, se investiga si se utilizaban certificados, estudios y diagnósticos presuntamente falsos para conseguir pensiones que luego eran tramitadas ante la ANSES.

El fiscal señaló que algunas personas habrían pagado más de $300.000 para gestionar los beneficios y que, en determinados casos, los montos habrían llegado hasta $1 millón.

En un cálculo más amplio, Amad citó un informe de Gendarmería Nacional sobre unas 9.000 pensiones que presentarían irregularidades de un total de 39.715 analizadas. Sobre esa base, estimó un eventual perjuicio de $3.240 millones mensuales y casi $40.000 millones al año.

La investigación continúa y será la Justicia Federal la que determine las responsabilidades de cada uno de los imputados.