El dinero de una quiebra que nadie reclamó terminará en computadoras para 67 escuelas tucumanas

La Justicia de Tucumán decidió que casi un millón de dólares, olvidados por los acreedores de una quiebra, se conviertan en computadoras para 67 escuelas públicas. Un fallo histórico que transforma fondos inmovilizados en inclusión digital.

El juez Pedro Yane Mana, del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Iª Nominación, dispuso que USD 991.536,36, que nunca fueron reclamados, se destinen a equipar establecimientos educativos de todos los niveles: primario, secundario, superior y educación especial.

¿De dónde salió este dinero?

Los fondos provienen de la quiebra de la Compañía Azucarera y Alcoholera Soler S.A., un expediente iniciado en 1987 y cerrado recién en 2025. Tras distribuir los activos, solo un acreedor se presentó a cobrar. Al cumplirse el plazo legal de un año, el artículo 224 de la Ley de Concursos y Quiebras estableció que el saldo debía destinarse a la educación común.

Antes de autorizar la transferencia, el magistrado pidió al Ministerio de Educación un proyecto concreto. La ministra Susana Montaldo presentó un plan que incluye computadoras de escritorio, notebooks, routers inalámbricos y valijas adaptativas para escuelas especiales, además de equipos de mayor capacidad para institutos técnicos y superiores.

¿Qué escuelas se beneficiarán?

La iniciativa alcanzará a 67 establecimientos de gestión estatal, con el objetivo de reducir la brecha tecnológica. Montaldo destacó que la inversión permitirá incorporar herramientas clave para mejorar la enseñanza y confió en conseguir mejores precios para ampliar el alcance.

En su resolución, Yane Mana subrayó que la medida "no debe entenderse como un mero trámite administrativo de transferencia bancaria, sino como un acto de justicia distributiva que reafirma la función social del derecho". Además, señaló que estos recursos, antes estancados, ahora se convertirán en oportunidades para miles de estudiantes tucumanos.

Como control, el Ministerio de Educación deberá presentar una rendición de cuentas integral dentro de los 120 días hábiles posteriores a la ejecución del proyecto, garantizando que el dinero se use exclusivamente para el fin previsto.