El día que se definirá la suerte del ruralista acusado de liderar una red de cocaína

Este jueves, el Tribunal Oral Federal de Paraná dará a conocer el veredicto en el juicio contra Leonardo Roberto Airaldi, el ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante. La fiscalía lo señala como el cerebro de una organización narcocriminal y pide 14 años de prisión. La resolución podría dejar al descubierto el entramado que operó durante casi cinco años en Entre Ríos.

Airaldi, quien sigue el proceso desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, está acusado de organizar y financiar una red que, según el Ministerio Público Fiscal, funcionó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante. Los fiscales José Ignacio Candioti y su equipo sostienen que el ruralista utilizaba sus campos para recibir avionetas cargadas de cocaína en pistas clandestinas y lanchas para distribuir la droga.

¿Qué pruebas presentó la fiscalía?

La investigación comenzó en 2019, cuando vecinos denunciaron movimientos extraños en un campo vinculado a Airaldi. A partir de allí, la Prefectura Naval Argentina realizó tareas de inteligencia que incluyeron el uso de drones. Las imágenes revelaron un camino aplanado de entre 200 y 250 metros dentro del predio, apto para el aterrizaje de aeronaves.

Los fiscales también destacaron el hallazgo de 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, Santa Fe, en 2022. Ese episodio, que se investigó en la justicia federal santafesina y luego se acumuló a la causa principal, fue clave para demostrar el rol de Airaldi como organizador y financista.

Además, se mencionó una presunta “cobertura policial” que habría protegido al acusado. Según la Policía de Entre Ríos, Airaldi contaba con “una protección dentro de la misma fuerza”, mientras que la Policía Federal advirtió que tenía “una cobertura de ciertas áreas de fuerzas policiales en la zona de Diamante que le permitían desplazarse sin riesgo de ser detenido”.

¿Cómo hablaban los integrantes de la organización?

Las intervenciones telefónicas y los mensajes recuperados de los celulares secuestrados fueron otra pieza fundamental. Los investigadores detectaron un lenguaje codificado que usaban los acusados para referirse a la droga: hablaban de “maples”, “novillitos”, “lomos” y “huevos”, términos que simulaban actividades lícitas pero que, según la fiscalía, encubrían operaciones de narcotráfico.

En una conversación de 2022, uno de los involucrados mencionó haber cobrado 10 millones de pesos “por salir a pescar”. Para Candioti, “es indudable que están hablando de comercio de tóxicos”. En otro mensaje, se referían a un “novillito lastimado”, que según los investigadores era un ladrillo de cocaína dañado que incluso fue fotografiado.

¿Qué penas pidieron para los otros acusados?

El tribunal, integrado por las juezas Noemí Marta Berros y Mariela Rojas, y el juez José María Escobar Cello, también deberá definir la situación de otros ocho imputados. La fiscalía solicitó condenas de entre 3 y 7 años de prisión.

Para Juan Andrés Erbes pidieron 7 años; para Sebastián Agustín Armocida, 6 años y 4 meses; y para Roberto Fabián Coronel, 6 años. Joel Schonfeld y María Soledad Touzet, considerados partícipes secundarios, enfrentan pedidos de 4 años y 6 meses y 3 años y 3 meses, respectivamente. En el caso de Touzet, los fiscales tuvieron en cuenta su situación desde una perspectiva de género.

Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez, señalados como los “eslabones más débiles”, recibieron pedidos de 3 años y 2 meses para el primero y 3 años de ejecución condicional para los otros dos. Además, cuatro personas evitaron el juicio oral al celebrar acuerdos de juicio abreviado y otra accedió a una suspensión del proceso a prueba.

La fiscalía también solicitó el decomiso de la estancia “El Mirador”, argumentando que su ubicación sobre la costa del río fue instrumental para los delitos. Mientras tanto, Airaldi enfrenta otra causa por presuntamente planificar atentados contra autoridades judiciales y políticas, incluidos el propio fiscal Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.