El día que Milei fue a Washington y no vio a Trump: quién se sentó en su lugar

La cercanía entre Javier Milei y la Casa Blanca activó un mecanismo silencioso que redefine el futuro económico argentino: en los despachos de Washington se decide qué sectores recibirán capital, cuáles serán moneda de cambio y quiénes podrán venderle al país más poderoso del planeta.

Esta semana, el presidente argentino estuvo en Washington. No logró reunirse con Donald Trump, pero en su agenda apareció otro nombre de peso: Harold Hamm, empresario petrolero, aliado político y aportante de la campaña del republicano.

Hamm no es un interlocutor más. En agosto pasado, su empresa Continental Resources compró el 50% de Phoenix Global Resources y anunció una inversión superior a los US$4000 millones en Vaca Muerta. Phoenix está controlada por Mercuria y tuvo entre sus accionistas minoritarios al exfuncionario menemista José Luis Manzano.

Lobby y minerales críticos: la nueva avanzada

La trayectoria de Manzano en Estados Unidos ilustra el cambio de estrategia de los dueños de grandes negocios argentinos desde la llegada de Milei al poder. Desde abril de 2024, el exministro del Interior y sus compañías contrataron servicios de lobby por más de US$615.000 para llevar sus propuestas a organismos clave de la administración Trump.

Manzano, habitué de las reuniones del círculo rojo en Buenos Aires, Manhattan y París, busca vender minerales críticos como el cobre con el aval del gobierno republicano. Su representante, Eric Bovim, llevó el tema al Consejo Económico Nacional. Minera Aguilar, con yacimientos en Jujuy y también propiedad del empresario mendocino, hizo algo similar.

Integra Capital USA, el fondo de Manzano, solicitó a John Barsa que facilitara reuniones con el Departamento de Estado y la Oficina del Presidente. Barsa fue funcionario de Trump en su primer gobierno y ahora trabaja para Continental Strategy, la consultora fundada por Carlos Trujillo, exembajador del jefe republicano en la OEA.

Los minerales críticos dejaron de ser un negocio más para Washington. Estados Unidos los considera esenciales para su industria militar, la transición energética y el desarrollo tecnológico, en una cadena global que disputa con China. Por eso, una mina de cobre o litio en Salta, Jujuy o Catamarca adquiere un interés geopolítico real.

BHP y la apuesta por el cobre argentino

No solo los argentinos tocan puertas en Washington. BHP, la minera más grande del planeta, definió a la Argentina como un distrito clave en sus oficinas norteamericanas. Su CEO, Mike Henry, lideró personalmente una campaña para insertar proyectos locales de minerales críticos en la agenda estadounidense de seguridad de suministro, infraestructura y financiamiento.

Los representantes de BHP pasaron por la Oficina de la Casa Blanca, la Oficina Ejecutiva del Presidente, el Consejo de Seguridad Nacional y agencias capaces de financiar proyectos estratégicos. En enero de 2025, la empresa puso US$2000 millones para quedarse con la mitad de Vicuña, el proyecto minero más grande de Argentina, destinado principalmente a la extracción de cobre, mineral clave para la transición energética y los autos eléctricos.

La pulseada por las patentes de medicamentos

Washington no es solo una puerta de acceso a capitales y compradores. También es el lugar donde llegan las presiones para cambiar reglas en Argentina, y el millonario negocio de los medicamentos es un ejemplo. Allí se libra una disputa por las patentes entre laboratorios locales y norteamericanos.

A fines de agosto, Jeffrey Goettman, uno de los principales funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), visitó Buenos Aires y preguntó por los medicamentos. Detrás de su curiosidad hay intereses concretos.

Por la USTR había pasado antes Matthew Schumaker, veterano lobista de la industria farmacéutica estadounidense. En representación de Vertex Pharmaceuticals, dueña de Trikafta, promovió reformas de propiedad intelectual para corregir prácticas comerciales que la empresa considera injustas. Su objetivo apuntaba a Rusia y la Argentina. La gestión comenzó en 2025 y continuó este año.

PhRMA, la asociación que reúne a Pfizer, Merck, Eli Lilly, Johnson & Johnson y otros gigantes, planteó reclamos similares en los mismos despachos: que Argentina elimine restricciones para patentar medicamentos, proteja los datos de aprobación y reduzca la demora en la concesión de patentes. Hay documentos que lo corroboran.

Los laboratorios argentinos se defendieron en la misma oficina. Cilfa, la cámara que los agrupa, hizo llegar su posición a fines de enero con una nota de 18 páginas fechada el 28 de enero y firmada por Mariano Genovesi y Eduardo Franciosi. Allí defendió las reglas locales, sostuvo que impedían la prolongación artificial de las patentes y pidió que el país saliera de la lista de vigilancia norteamericana.

Sin embargo, se impuso el Norte. Semanas después, la Casa Rosada avanzó en la eliminación de las pautas de 2012 (una resolución firmada por los ministros Débora Giorgi y Juan Manzur en el gobierno de Cristina Kirchner) que limitaban las patentes. A cambio, a fines de abril, Estados Unidos retiró a la Argentina de la lista de vigilancia prioritaria en la que había permanecido durante 30 años.

En medio de esa secuencia, Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, recibieron a la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que representa a los laboratorios internacionales. Anunciaron una inversión acumulada de US$8000 millones en investigación clínica para los próximos seis años.

Impsa y el negocio nuclear

Impsa, la metalúrgica fundada por la familia Pescarmona y ahora bajo control de Arc Energy, una compañía estadounidense, muestra la gravitación de Washington sobre los negocios argentinos en otros países. Tras la captura y destitución militar de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, Impsa requirió permiso de ese país para negociar con Venezuela la finalización de las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua.

El tema pasó por la Oficina Ejecutiva del Presidente y el Departamento de Estado. Entre los lobistas elegidos estaba Thomas Feddo, otro exfuncionario de Trump en su primer gobierno. Impsa usó dos licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que dejan a Washington dentro del negocio: los contratos deben regirse por leyes estadounidenses, los pagos pasar por cuentas indicadas por el Tesoro y cada operación informarse a los departamentos de Estado y de Energía.

Hay otras conversaciones de las que casi no quedan registros. La más contundente ocurrió durante el salvataje de 2025. Mientras funcionarios argentinos negociaban con Scott Bessent (Departamento del Tesoro) el swap por US$20.000 millones para frenar la corrida contra el peso, Washington no habló solo de dinero. También sostuvo que quería a sus empresas dentro del negocio nuclear argentino y a China fuera de los sectores estratégicos. Eso facilitó el trabajo de Hamid Ansari, un estadounidense-iraní que busca construir un reactor nuclear en el complejo donde están Atucha I y II.

Ni Cristina Kirchner quedó al margen. El mismo día que llevó ante la ONU el reclamo por su condena, contrató una agencia internacional para difundir su caso en el mundo. La consultora terminó registrada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De una manera u otra, los caminos políticos y económicos de Argentina pasan por Washington en algún momento del recorrido.