El día que la UNT podría volver a postergar la Asamblea: la Cámara Federal tiene la última palabra

La batalla judicial por el rectorado de la UNT escaló a su punto más crítico. La fórmula Cabrera-Abdala presentó un recurso de apelación y nulidad contra el fallo del juez Díaz Martínez, que rechazó por segunda vez la impugnación a la candidatura de Sergio Pagani. El escrito de 58 páginas acusa al magistrado de insubordinación contra la Cámara Federal.

El conflicto gira en torno a la interpretación de los artículos 17 y 190 del nuevo Estatuto de la UNT. Mientras la fórmula opositora sostiene que Pagani no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo, el rector actual cambió su postura en febrero de 2026 y ahora afirma que el Estatuto lo habilita.

¿Qué dice el recurso de apelación?

El apoderado Manuel Gonzalo Casas argumenta que el juez Díaz Martínez desoyó el fallo de la Cámara Federal del 15 de mayo, que ya había aceptado la vía de la acción declarativa de certeza y dictado una medida cautelar. En lugar de resolver el fondo, el magistrado volvió a cerrar la puerta procesal, siguiendo el voto en disidencia de Mario Rodolfo Leal, que quedó en minoría frente a los cuatro votos que respaldaron la cautelar.

Para Casas, esto no es un error jurídico sino una subversión de la estructura del Poder Judicial. El escrito cita en alemán: Das “Letzte Wort” des Richters, la última palabra judicial, no puede quedar en manos de un juez de primera instancia cuando la Cámara ya se expidió. La consecuencia práctica es que nadie sabe quién tiene la última palabra en la jurisdicción federal tucumana.

Los argumentos de fondo contra Pagani

El recurso insiste en que el artículo 17 del Estatuto fija un límite de dos mandatos consecutivos, y el artículo 190 —norma transitoria aprobada por la Asamblea Universitaria el 25 de abril de 2024 con 79 votos a favor y 34 en contra— establece que los segundos mandatos vencían en la segunda quincena de mayo de 2026. Así, Pagani, que ejerció primero como vicerrector y luego como rector de manera consecutiva, no podría presentarse.

El escrito recupera una frase del propio Pagani en aquella Asamblea: “79 a 34 ha ganado la propuesta hecha por Cabrera”. También recuerda que en noviembre de 2024 el rector declaró que la norma era clara y que su ciclo culminaría al finalizar su gestión. El cambio de postura a partir de febrero de 2026 es presentado como el punto de partida del conflicto.

El tiempo judicial vs. el tiempo electoral

El recurso incluye una cronología procesal para demostrar que la vía del artículo 32 de la Ley de Educación Superior hubiera sido inútil sin la cautelar. La Asamblea estaba prevista para el 20 de mayo, y la resolución de la Junta Electoral que rechazó la impugnación llegó el 11 de mayo por la tarde. Para cuando el expediente ingresara a la Justicia Federal, la elección ya habría concluido. Los actores denuncian que el juez les propuso una vía que era una trampa en los tiempos reales.

¿Qué pasará con la Asamblea del 10 de junio?

Mientras el expediente aguarda resolución en la Cámara Federal, la UNT enfrenta una nueva encrucijada. La Asamblea Universitaria convocada para el miércoles 10 de junio parece cada vez más improbable sin un pronunciamiento judicial que despeje la elegibilidad de Pagani. Para postergarla, el Consejo Superior debería sesionar y aprobar una nueva adecuación del cronograma electoral. Ese órgano es presidido de manera interina por Cristina Grunauer, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán tiene sobre su mesa dos causas conectadas: el recurso directo del expediente 8963/2026, donde la UNT pidió el rechazo de las cautelares, y el recurso de apelación y nulidad en el expediente 2857/2026, donde los actores piden que la Cámara asuma jurisdicción positiva y resuelva el fondo sin nuevo reenvío. Casas solicita que, en caso de reenvío, se sortee un juez distinto al de la segunda nominación.

La cuenta regresiva se acelera. Cada día sin resolución judicial mantiene el cronograma electoral en un limbo, la Asamblea no puede sesionar con certeza jurídica y las autoridades interinas administran una institución cuya conducción definitiva sigue sin resolverse.