El desvío millonario que deja a las rutas nacionales al borde del colapso
El Gobierno nacional desvió más de 1,5 billones de pesos del fondo de rutas. ¿Qué significa esto para la seguridad vial? Los detalles que nadie te contó.
La red de rutas nacionales que atraviesa Río Negro está en un estado crítico, y ahora se conoce un dato que lo explica todo: el Gobierno desvió más de 1,5 billones de pesos del fondo destinado a su mantenimiento. La denuncia ya está en la Justicia.
Rutas como la 3, 22, 40, 151, 251 y la emblemática RN 23, que conecta la Línea Sur, muestran un abandono que no es casualidad. Mientras los conductores sortean baches y tramos destruidos, como en la RN 151, el dinero que debía arreglarlas se usó para otra cosa.
¿De dónde sale la plata para las rutas?
Existe un fideicomiso llamado Sistema Vial Integrado, creado por el Decreto 976/2001 y la Ley 23.966. Se financia con un porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Específicamente, el 14,25% de ese impuesto debe ir sí o sí a la conservación y desarrollo de la red vial nacional.
Es decir, cada vez que un argentino carga nafta, una parte de ese pago tiene como destino legal mantener las rutas. Pero ese destino no se cumplió.
El desvío que indigna
Según el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, el Poder Ejecutivo desvió aproximadamente $1.001.017.908.957 (1,5 billones de pesos) del fondo vial hacia la cartera económica. Ese dinero se usó para sostener el superávit fiscal, pero a costa de la infraestructura.
Este movimiento expone la fragilidad del equilibrio fiscal: el superávit no se logró por eficiencia, sino por una subejecución presupuestaria discrecional. Además, se recortaron partidas en salud, educación, ciencia (CONICET, INTA, INTI), jubilados y salarios públicos.
Denuncia penal contra Caputo
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo. El motivo: haber colocado fondos de afectación específica en instrumentos financieros, como Letras del Tesoro o plazos fijos en el Banco de la Nación.
Esta maniobra subordina la seguridad vial a la especulación de corto plazo. La consecuencia es la paralización de obras ya licitadas y el progresivo deterioro de las rutas, un servicio público esencial.
El impacto en la Patagonia
En Río Negro y toda la Patagonia, el problema es aún más grave. Sin vías alternativas y con distancias enormes, las rutas nacionales son el único sustento para la producción, el turismo y la vida comunitaria. Los ciudadanos pagan el combustible, pero no reciben el servicio que legalmente les corresponde.
El vicegobernador Pedro Pesatti fue contundente: llamó a estos corredores “corredores de la muerte”. Y explicó: “La Patagonia aporta hidrocarburos, gas, alimentos, minerales y energía eléctrica a la matriz nacional, pero recibe a cambio una infraestructura vial degradada”.
Este desvío de fondos no es solo un tema legal o presupuestario. Es un ataque al desarrollo federal que debería preocupar a todos los gobernadores y a cada habitante del país.
