La Sociedad Rural del Chaco reclamó a Cancillería por las exigencias europeas para exportar carne, pero el foco está en otra medida: los descuentos de hasta $700 por kilo que reciben los productores que no se anotan en una plataforma privada. La entidad denuncia que las penalizaciones alcanzan incluso a animales que no van a Europa.
La Sociedad Rural del Chaco reclamó a Cancillería que intervenga ante las exigencias de la Unión Europea para exportar carne, al considerar que afectan la soberanía normativa del país. La entidad cuestiona especialmente los descuentos de entre $500 y $700 por kilo vivo que reciben los productores no inscriptos en una plataforma privada de certificación.
La presidenta de la entidad, Mariela Martínez, dijo en CIUDAD TV que la normativa europea 1115 del 2023 impone una serie de requisitos para poder vender carne al bloque comunitario. Entre ellos mencionó la producción libre de deforestación, pero también condiciones vinculadas con el género y los pueblos originarios. "Es una serie muy larga de requerimientos", señaló.
La norma tuvo dos postergaciones y, según indicó, comenzaría a aplicarse definitivamente el próximo año. Frente a ese escenario, la dirigente apuntó contra las plataformas privadas creadas para certificar el cumplimiento de las exigencias europeas y apuntó particularmente contra BSEC.
El descuento que complica a los productores
"Hay mucha controversia porque es una de las plataformas creadas por el conglomerado de frigoríficos exportadores más grandes del país y es prácticamente una de las pocas que están admitiendo los exportadores", manifestó Martínez.
De acuerdo con su denuncia, los productores que no están registrados en ese sistema reciben descuentos de entre $500 y $700 por kilo vivo. "Al productor que no está inscripto en el BSEC se le están aplicando importantes descuentos", remarcó.
La dirigente consideró que las penalizaciones alcanzan incluso a operaciones que no tienen como destino la exportación europea. "Estos descuentos los están aplicando en remates de animales que van a invernar, de animales que se van a consumir dentro del país. Entonces, ¿por qué se están haciendo los descuentos si esos animales no van a ir a la Comunidad Europea?", preguntó.
En esa línea, propuso que el mecanismo sea inverso: "De última, debería ser al productor que está inscripto en el BSEC, que cumple con toda la normativa, al que le paguen más, y no pagar menos directamente a los productores".
Y apuntó contra los intermediarios: "Hay un aprovechamiento de todo este ruido que se armó por parte de las consignatarias, los frigoríficos y, como siempre, el hilo se corta por lo más fino, que es el productor".
El reclamo ante Cancillería
Martínez fundamentó el pedido de intervención del Estado en que se trata de condiciones impuestas por un bloque comercial extranjero para comprar productos argentinos. "Esta es una cuestión de comercio internacional. Por eso nosotros apelamos a la Cancillería, porque son exigencias que impone la Comunidad Económica Europea para que la República Argentina pueda exportar su producto, no nos las impone a los productores en sí mismos", sostuvo.
"El único que puede negociar este tipo de cuestiones de comercio internacional es el Estado, a través de la Cancillería", afirmó.
La dirigente cuestionó que la Argentina acepte condiciones que, a su entender, comprometen su autonomía normativa. "Ellos pueden, como compradores, poner sus condiciones para la compra, pero nosotros consideramos que el Estado argentino no puede dejarse avasallar simplemente por no perder el mercado", expresó.
"Esta normativa implica desconocer nuestra soberanía como país, desconocer nuestra normativa, desconocer la reglamentación laboral argentina. Implica el desconocimiento de muchas normativas de nuestro país, ceder soberanía legislativa y, por supuesto, dejar afuera a muchísimos productores", advirtió.
También calificó las exigencias como "barreras paraarancelarias" y cuestionó los criterios comerciales de Europa. "De hecho, Europa comercializa sin ningún tipo de restricciones con China o con otros países. Entonces, esto es una cuestión muy puntual que tiene que ver justamente con proteger su propia producción y poner restricciones a la comercialización de la carne argentina", planteó.
El monte y la deforestación
Otro de los ejes del reclamo son los criterios ambientales y su aplicación en las explotaciones ganaderas del norte argentino. Martínez explicó que el monte cumple una función clave para la actividad y que los productores chaqueños tienen interés en preservarlo.
"El productor chaqueño protege el monte porque el monte es fuente de sombra, fuente de alimento. Para el que hace ganadería realmente es sumamente importante el monte y la protección que le otorga", remarcó.
Sin embargo, advirtió que las exigencias podrían alcanzar tareas habituales de manejo de los establecimientos rurales. "Tenemos que tener la posibilidad de hacer deslindes, abrir picadas y este tipo de cuestiones, hasta la lucha con las leñosas que son invasoras, como el aromito, los vinales, las tuscas. Hasta eso estaría considerado como deforestación", señaló.
En ese sentido, explicó que la eliminación de determinadas especies responde a necesidades productivas y no necesariamente a un proceso de desmonte. "Cuando el productor ganadero elimina aromito, elimina tusca, elimina chañar, lo que hace es quitar lo que reduce la receptividad del campo, porque te reduce la productividad, o por una necesidad de hacer un deslinde para hacer un alambrado. Entonces, hasta eso es tomado como deforestación por esta normativa", cuestionó.
Sin respuesta oficial y con otros mercados
Consultada sobre si habían recibido alguna respuesta de Cancillería, Martínez confirmó que todavía no tuvieron contacto oficial. Precisó que el diputado Aguero presentó el planteo ante ese organismo el miércoles e incorporó el reclamo de la Sociedad Rural del Chaco y de otras entidades rurales del interior, entre ellas representantes de Santa Fe y Formosa.
"Es muy difícil medir el impacto, lo que sí sabemos es que siempre el impacto es mayor en los pequeños productores, porque la consecuencia directa que estamos teniendo hoy son los descuentos a los productores", señaló.
La dirigente también recordó que existen otros destinos comerciales para la producción argentina y cuestionó la incidencia de los grandes grupos exportadores. "Es algo sumamente perjudicial para el productor. También tenemos que tener en cuenta que hay otros mercados, que no solamente es la Unión Europea, pero veo que hay un gran manejo que están realizando los principales grupos exportadores", sostuvo.
"Siempre la fuerza de los grandes termina perjudicando al pequeño productor. Esperemos ver qué resolución tienen estos reclamos y que se pueda encaminar la cuestión", concluyó.