El delegado de Camioneros que llevaba cuatro años preso acordó su salida: la condición que le puso la jueza

Fernando Espíndola, delegado de Camioneros en San Pedro, dejó la cárcel tras cerrar un juicio abreviado por el bloqueo a la planta de Rey Distribución en 2022. La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, le concedió la libertad condicional en una resolución del jueves 22 de octubre.

El sindicalista pasó más de cuatro años y cinco meses privado de su libertad. Su abogado defensor, Mauricio Gugger, pidió la excarcelación después de que la situación procesal de Espíndola quedara separada del debate oral que tuvo como imputados a Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de la firma.

La cuenta que le abrió la puerta

De acuerdo con el cómputo que obra en el expediente, el dirigente acumulaba cuatro años, cinco meses y nueve días de detención. Ese plazo le alcanzó para cumplir con el requisito temporal de la libertad condicional, que se calcula sobre los dos tercios de la pena acordada.

La fiscal María del Valle Viviani había dado su visto bueno el miércoles 21 de octubre. Para resolver, la magistrada también evaluó los informes socioambientales y de conducta del Patronato de Liberados, que reflejaron una evolución favorable en el proceso de reinserción.

Las reglas que deberá cumplir

La excarcelación se otorgó bajo caución juratoria y con una lista de obligaciones. Espíndola tendrá que fijar domicilio, quedar bajo el control del Patronato de Liberados y no cometer nuevos delitos.

Además, tiene vedado consumir alcohol o estupefacientes. La jueza dispuso una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con Gustavo Rey y Ariel Rey, denunciantes en la causa, tanto en sus domicilios como por cualquier otra vía o medio.

De la detención al arresto domiciliario

Espíndola había sido detenido el 8 de abril de 2022. Lo acusaron de turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa, extorsión y tentativa de extorsión. En la última etapa de su detención cumplía arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La medida se conoció una semana después de que el juez Alejandro López resolviera favorablemente la situación de Cabaleyro y de los seis exempleados de Rey Distribución. En ese fallo, el magistrado sostuvo que no se había acreditado la comisión de los delitos atribuidos y encuadró los hechos en el ejercicio legítimo del derecho a huelga.

La causa generó un fuerte impacto político y sindical en San Pedro y fue leída de maneras enfrentadas desde el inicio, atravesada por la disputa gremial y por las interpretaciones políticas y partidarias que se armaron en torno a los acusados.