El defensor del juez federal celebró la absolución y apuntó contra el Consejo de la Magistratura

El abogado Andrés Gil Domínguez celebró este miércoles la decisión del Jurado de Enjuiciamiento que rechazó la destitución del juez federal Pablo Díaz Lacava, y aseguró que el fallo "marca un precedente muy fuerte" para casos futuros. En diálogo con LA ARENA, el constitucionalista remarcó que durante el proceso "se demostró que era un conflicto laboral" que debió encausarse por otras vías, "sin forzar las instituciones como se hizo en este caso".

Gil Domínguez, reconocido constitucionalista santarroseño, ejerció la defensa de Díaz Lacava desde que el Consejo de la Magistratura de la Nación impulsó su remoción por "mal desempeño de sus funciones" en el Tribunal Oral en lo Criminal de La Pampa. El Jury, integrado por legisladores del Partido Justicialista, dos de La Libertad Avanza, jueces federales y abogados de la matrícula federal, resolvió por unanimidad que no estaban dadas las condiciones constitucionales para destituirlo.

Qué dijo Gil Domínguez sobre el fallo

"El día después del fallo lo que tengo, más allá de lo personal, es una gran satisfacción institucional porque el jurado de enjuiciamiento consideró que no estaban dadas las condiciones que exige la Constitución para la destitución de Díaz Lacava, dejando totalmente aclarada la honorabilidad del doctor y su relevante formación técnica como juez. Es decir que por unanimidad quedó claro que no había cometido ninguna falta ética grave", aseguró el letrado.

Además, agregó: "Se demostró durante todas las audiencias que esto fue un conflicto laboral que tuvo Díaz Lacava con parte del personal, no con los jueces, no con sus compañeros, ni con otros jueces con los que él trabajó a lo largo de su trayectoria. Nunca había tenido ningún problema y en este caso fue un problema laboral con seis integrantes de los 37 del Tribunal". Según su mirada, el conflicto "se tendría que haber encausado a través de otro tipo de vías" que permitieran una "solución razonable", en lugar de llegar al juicio político.

La denuncia y el revés para los trabajadores

Díaz Lacava había sido denunciado por trabajadores y secretarios del Tribunal Oral Federal de La Pampa por amenazas y hostigamientos. Entre los hechos más graves que se le atribuyeron, figura que el juez les arrojó una piedra desde la calle que ingresó por la ventana de uno de los despachos. Varios denunciantes debieron solicitar licencia psiquiátrica a raíz de la situación.

Pese a eso, el Jury ordenó al Consejo de la Magistratura reintegrar al magistrado en sus funciones en el TOF de Santa Rosa. La decisión cayó mal entre los denunciantes, que expresaron su "decepción" y hablaron de una "protección corporativa judicial".

Javier Sequeira González, secretario de la Oficina Judicial Federal de Santa Rosa, fue uno de los que rompió el silencio: "Fue un golpe, fue una decepción porque fue un proceso largo de tres años y medio casi". En diálogo con Radio Noticias, cuestionó que el personal debió trasladarse a Buenos Aires para declarar en condiciones que generaron la revictimización de las denunciantes. "Tuvimos que declarar frente al juez, algo que fue realmente irregular porque había varias mujeres que eran víctimas directas", explicó.

El funcionario lamentó el mensaje que el fallo proyecta a la sociedad: "El mensaje para las mujeres es que no denuncien. Fue lamentable el fallo porque por un lado dice que los hechos están probados, pero hay una decisión política de no avanzar". Según su lectura, la resolución responde a una "protección corporativa judicial" y a que "no quieren sentar el precedente de destituir a un juez por un tema maltrato".

Críticas al Consejo y al presidente del TOF

Gil Domínguez también apuntó contra el Consejo de la Magistratura por no haber utilizado "otras herramientas alternativas mucho más razonables" para resolver el conflicto. Y cuestionó al doctor Marcos Aguerrido, presidente del Tribunal: "Creo que cambió notablemente su testimonio, en ningún momento parece que haya tenido problemas personales y en ningún momento él pudo aseverar que había sido un testigo directo de los hechos denunciados, sino que solamente había acompañado la denuncia".

En el fallo, dijo, hay "un tirón de orejas" para Aguerrido por no haber encauzado el conflicto por medios más razonables y haber ido "directamente a una instancia federal acompañando una denuncia de hechos que ni siquiera habían visto en forma directa e inmediata".

Qué viene ahora: el juicio penal

Pese al revés en la vía administrativa, la situación procesal del magistrado no está cerrada. Existe una causa penal elevada a juicio oral que se tramitará en el Tribunal Federal y, en ese marco, se mantiene vigente una medida cautelar de restricción de acercamiento hacia las víctimas. "En el juicio penal se van a evaluar los hechos individualmente. Hoy hay una restricción de contacto que sigue vigente", precisó Sequeira González.

Gil Domínguez calificó el proceso como "totalmente irrazonable" y contó que Díaz Lacava no cobró su sueldo durante tres meses y medio y perdió la cobertura de la obra social. "El doctor Díaz Lacava lo dijo expresamente, que va a volver con la actitud de colaborar, se sometió a un tratamiento psicológico, ha estado revisando todas sus conductas y a su vez también soportando el dolor que esto le causó a su grupo familiar", resaltó.