El decreto que prometía reactivar la frontera salteña y que, según empresarios, esconde una trampa fiscal

El Decreto 438/2026, que habilita las tiendas libres de impuestos en pasos fronterizos terrestres de Salta, fue anunciado como un impulso para la región. Sin embargo, el Centro Empresario de Tartagal denuncia que la letra chica de la medida solo beneficia a grandes grupos económicos y deja en desventaja a los comercios locales.

¿Qué dice el decreto y qué se esconde detrás?

La normativa, presentada desde Buenos Aires, permite la instalación de Duty Free Shops en puntos como Salvador Mazza y Aguas Blancas. En principio, generó expectativas por el posible movimiento comercial y las inversiones. Pero al analizar el detalle, los empresarios locales encontraron una realidad preocupante.

El esquema de concesiones está diseñado para que grandes grupos, muchos ajenos a la región, operen con exención impositiva total, sin garantías de derrame económico hacia la comunidad. No se contemplan compras a proveedores locales, ni encadenamientos productivos, ni inversión sostenida en el departamento San Martín.

Mientras tanto, los comercios pymes de Tartagal y la zona, que pagan impuestos y sostienen empleo genuino, deberán competir a pocos kilómetros con un mega comercio sin cargas fiscales.

“No es competencia, es una desventaja estructural”

La asimetría es evidente: el Estado habilita condiciones de privilegio para capitales externos mientras castiga a quienes invierten su vida en un comercio de barrio. La pregunta no es si habrá más movimiento en la frontera, sino a costa de quién.

Este tipo de decisiones, según el Centro Empresario, se toman sin consultar a quienes habitan y sostienen la economía del norte salteño. El resultado es una medida que puede verse bien en un comunicado nacional, pero que en Tartagal, Salvador Mazza y todo San Martín se traduce en más presión sobre un entramado pyme ya golpeado.

La propuesta de los empresarios locales

Ante esta situación, el Centro Empresario de Tartagal exige la aplicación efectiva de la Ley de Zonas de Frontera y de los regímenes impositivos diferenciales ya previstos, pero que nunca se implementaron en la región.

La solución no pasa por una franquicia aislada con beneficios para unos pocos, sino por extender el alivio impositivo a todos los comercios y pymes locales, que son los que generan empleo genuino y apuestan por la zona incluso en los momentos más difíciles.

El llamado al Gobierno Nacional y Provincial es claro: sentarse a debatir con los actores locales políticas inclusivas que protejan el empleo y fortalezcan el comercio regional. “La frontera puede y debe crecer, pero ese crecimiento tiene que incluirnos, no dejarnos afuera”, concluyen.