El decreto que autoriza vender tierras frente al Perito Moreno: la advertencia de una diputada que nadie esperaba

La autorización para vender tierras dentro del área protegida de la Península de Magallanes, a pocos metros del Glaciar Perito Moreno, sigue generando rechazo en Santa Cruz. La diputada provincial Agostina Mora cuestionó duramente la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial y aseguró que se manejó con una opacidad total hacia la comunidad.

En diálogo con el programa La Bisagra, que se emite por Tiempo FM, la legisladora apuntó contra el hermetismo que rodeó la operación. "En principio me parece una medida de espaldas al pueblo. Hay una declaración del Gobernador que manifiesta venir trabajando hace 12 meses una propuesta de inversión de 90 millones de dólares, pero el hermetismo con el cual se trabajó esta propuesta de vender tierras a capitales extranjeros genera serios interrogantes. Un concejal de El Calafate manifestó haberse enterado por las redes sociales", disparó Mora al inicio de la entrevista.

Durante el programa, los conductores repasaron la cronología del caso y el contexto de políticas nacionales e internacionales que enmarcan la llegada del grupo inversor emiratí ASB Hospitality Calafate. Frente a esto, la diputada puso el foco en los aspectos jurídicos del decreto firmado a principios de septiembre y sembró dudas sobre su validez y el respeto a las leyes vigentes.

El decreto bajo la lupa

"El decreto se firma el 1° de septiembre y se publica semanas después. En ese periodo, la Ley de Tierras todavía se encontraba operativa, pero el dictamen de Legal y Técnica de la Provincia dio por derogada una ley antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomara una definición. Hay un sistema perverso dispuesto a entregar nuestros recursos naturales frente a gobiernos con una visión relativizada de la soberanía", denunció.

La representante legislativa recordó que la Península de Magallanes es un área protegida desde 1993 y que se encuentra frente a un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad y reserva estratégica de agua dulce. Según argumentó, cualquier intervención en la zona debe cumplir con rigurosos procesos normativos que, en este caso, fueron obviados.

"Una cosa es un plan de manejo ambiental y otra muy distinta es la venta de tierras a capitales extranjeros. Además, la normativa establece que la sociedad debe tener instancias de participación ciudadana y acceso a la información ambiental, como lo fija el Acuerdo de Escazú. Nada de eso sucedió", sostuvo.

Precedente y riesgo para el desarrollo local

Mora también alertó sobre el impacto que una excepción de este tipo puede generar en el ecosistema productivo y en el modelo de desarrollo de El Calafate. "Si hacemos la excepción a una norma general para un caso particular, nada garantiza que no sea un precedente para nuevas inversiones en las mismas condiciones. Quien pueda elegir entre estar enfrente al glaciar o alojarse en la ciudad, seguramente elija el glaciar, poniendo en riesgo el desarrollo comercial y hotelero que históricamente se consolidó dentro de la localidad", explicó.

Para la diputada, la decisión del gobierno provincial está en sintonía con la política económica nacional. Y anticipó que la Cámara de Diputados seguirá de cerca el expediente: "Un decreto no puede estar por encima de una norma superior como la Ley de Áreas Protegidas. Hay autorizaciones que no quedan claras y la soberanía territorial es la que tenemos que seguir evaluando", concluyó.