El debate por los biocombustibles reaviva la pelea entre el Norte y el centro del país

El proyecto de Ley de Biocombustibles impulsado por el oficialismo nacional generó un fuerte cruce entre las provincias del Norte argentino y los polos productivos del centro. Durante una reunión de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda del Senado, representantes de Santa Fe y empresarios del biodiésel cuestionaron la iniciativa, al considerar que otorga protección especial a la industria azucarera de Tucumán, Salta y Jujuy.

La iniciativa, presentada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, propone modificar el régimen actual de biocombustibles, vigente hasta 2030, para establecer un nuevo esquema por los próximos 15 años. Desde la Casa Rosada aseguran que busca promover la competencia y brindar previsibilidad a las inversiones, pero las críticas apuntan a una supuesta contradicción entre el discurso de libre mercado y el contenido concreto de la ley.

¿Cuál es el principal punto de conflicto?

El núcleo de la discusión gira en torno al bioetanol. Actualmente el corte obligatorio es del 12%, pero el proyecto oficial propone elevarlo al 15%. Sin embargo, la distribución de esos porcentajes es lo que genera controversia. Según explicó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, el nuevo esquema mantendrá seis puntos reservados para la caña de azúcar y seis puntos para el maíz, mientras que los tres puntos adicionales quedarían abiertos a la competencia.

Para los críticos, allí aparece la denominada “doble vara”. Mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa desregulaciones en distintos sectores, elimina regímenes especiales y cuestiona los esquemas de protección sectorial, en este caso establece una reserva de mercado garantizada para la producción azucarera del Norte durante los próximos quince años.

Los reclamos desde Santa Fe

Uno de los expositores más críticos fue Juan Rodil, subsecretario de Relaciones Institucionales del gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro, quien manifestó que la provincia encontró diversos aspectos preocupantes en la propuesta. Aunque reconoció la disposición al diálogo, señaló que Santa Fe viene trabajando con empresas y productores para construir un esquema que desarrolle todo el sector sin generar privilegios para determinados actores.

Desde Santafe sostienen que si realmente se pretende avanzar hacia un mercado competitivo, la totalidad de la producción debería competir bajo las mismas condiciones, sin porcentajes asegurados por ley para ningún sector productivo. Las observaciones también alcanzan al tratamiento diferenciado entre el biodiésel y el bioetanol. Mientras el biodiésel deberá avanzar hacia un sistema más abierto y competitivo, el bioetanol derivado de la caña de azúcar conservaría una protección explícita respaldada por la legislación nacional.

La postura del Norte y el rol de Tucumán

Entre los principales beneficiarios del proyecto aparecen Tucumán, Salta y Jujuy, provincias donde la actividad azucarera constituye uno de los motores centrales de la economía. En el caso de Tucumán, la producción de azúcar y alcohol representa una de las industrias más importantes, con miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Precisamente por ese peso económico y social, legisladores y gobernadores del Norte vienen reclamando desde hace años mecanismos que aseguren mercados para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar.

Del otro lado, sectores vinculados al maíz sostienen que la ley debería fomentar la competencia tecnológica y productiva sin establecer ventajas permanentes para ninguna materia prima.

Durante el debate también surgieron apoyos a la propuesta impulsada por la senadora salteña Flavia Royón, ex secretaria de Energía, quien presentó una alternativa que varios legisladores consideran más equilibrada entre las empresas integradas y las no integradas.

El funcionario nacional Daniel González defendió la iniciativa oficial y aseguró que el proyecto fue elaborado luego de casi dos años de trabajo técnico. Además, sostuvo que petroleras y automotrices acompañan la propuesta porque brinda previsibilidad respecto de los porcentajes de mezcla y garantiza estabilidad regulatoria para futuras inversiones.

No obstante, las críticas no se limitaron a Santa Fe. Representantes de cámaras empresarias vinculadas al biodiésel también advirtieron sobre la modificación anticipada de un régimen vigente hasta 2030, planteando dudas sobre la seguridad jurídica y la estabilidad de las inversiones ya realizadas bajo las reglas actuales.

Detrás de la discusión técnica aparece una disputa económica y política de larga data entre dos modelos productivos. Por un lado, las provincias del Norte defienden la necesidad de sostener un esquema de protección para la industria azucarera y el bioetanol de caña, argumentando que se trata de economías regionales estratégicas que generan empleo y arraigo. Por otro, Santa Fe y sectores vinculados al maíz y al biodiésel reclaman que el Gobierno aplique los mismos principios de competencia que promueve en el resto de la economía.

Con el debate recién iniciado en el Senado, la discusión promete intensificarse en las próximas semanas. Lo que está en juego no es solamente el porcentaje de biocombustibles que se mezclará con los combustibles fósiles, sino también el reparto de un mercado multimillonario que enfrenta a las principales regiones productivas del país y que tiene a Tucumán y a la industria azucarera en el centro de la polémica.