El cura Rasgido seguirá en su casa: la querella pidió que la Corte revierta la medida
Le otorgaron la prisión domiciliaria por su estado de salud y la querella redobló la apuesta: quiere que la Corte de Justicia deje sin efecto el beneficio para el cura condenado por abuso sexual.
La querella que investiga al sacerdote Renato Rasgido, condenado a 15 años de prisión por delitos contra la integridad sexual de un menor, pidió a la Corte de Justicia de Catamarca que anule la prisión domiciliaria que le otorgó el juez de Ejecución Penal Eugenio Acs Acuña. Así lo confirmó el abogado Jaime Morales, quien representa a la parte querellante.
El planteo no es la primera embestida contra la resolución del magistrado. El Ministerio Público Fiscal también había reclamado que se declare la nulidad de esa decisión y que se convoque a una nueva junta médica con participación de las partes. La querella acompañó ese pedido.
Qué cuestiona la querella
Morales sostuvo que no pudieron verificar de manera independiente si Rasgido está en condiciones de cumplir la pena bajo la modalidad domiciliaria. "Esta querella no ha podido establecer por un ente de control propio si realmente el acusado está en condiciones de tener prisión domiciliaria", declaró el letrado a la prensa.
El abogado calificó la resolución del juez Acuña como "totalmente desacertada" porque, según remarcó, se refiere a una persona que "ha cometido delitos contra un menor".
Con los recursos ya presentados, la querella espera que la Corte de Justicia defina si el beneficio sigue firme o si el sacerdote debe volver a cumplir la condena en un establecimiento penitenciario.
La condena y el beneficio
Rasgido cumple una condena firme de 15 años por dos hechos de abuso sexual simple y dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravados por su condición de ministro de culto.
En julio de este año, el juez Acuña le había concedido la prisión domiciliaria de manera provisoria tras recibir un informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense. Ese documento indicaba que el estado de salud del condenado requería una asistencia sanitaria que el Servicio Penitenciario Provincial no estaba en condiciones de brindar.