El cura que desafió al narcotráfico y hoy frena la baja de imputabilidad: su historia con Santiago

El padre José María “Pepe” Di Paola volvió a ocupar el centro de la escena nacional después de que la Federación de Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo, que preside, presentara un hábeas corpus que frenó por 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires. Pero para los santiagueños, su figura tiene otra dimensión: es el cura que encontró refugio en esta tierra cuando su vida corrió peligro por denunciar al narcotráfico.

La medida cautelar, que suspendió temporalmente el nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense, disparó un debate que cruzó todo el país. La discusión volvió a enfrentar dos demandas que no deberían ser incompatibles: el reclamo de seguridad y justicia de la sociedad, y la obligación del Estado de garantizar los derechos y la recuperación de los adolescentes que ingresan al sistema penal.

Cuando denunciar tuvo un precio

Mucho antes de que la imputabilidad lo pusiera en los titulares, Di Paola ya había tomado decisiones difíciles. Durante 14 años trabajó en las villas 21-24 y Zavaleta de Buenos Aires, donde convivió a diario con la pobreza, la exclusión, la violencia y el narcotráfico.

En 2008 impulsó el Hogar de Cristo, una experiencia que nació para atender a personas con consumos problemáticos y que luego se extendió por todo el país. Un año después, junto a otros sacerdotes, denunció públicamente el avance de la droga en las villas. Esa denuncia le valió amenazas de muerte y lo obligó a dejar Buenos Aires para proteger su vida y la de quienes trabajaban con él.

¿Dónde encontró refugio? En Santiago del Estero. Campo Gallo, en el interior provincial, lo recibió durante unos dos años. Allí conoció ese Santiago profundo, donde las distancias son enormes y cada institución puede ser la diferencia entre contener a un joven o perderlo.

Un vínculo que no se cortó

Con el tiempo, Di Paola regresó a Buenos Aires, pero su relación con Santiago nunca se interrumpió. Hoy vuelve a desarrollar su misión pastoral en la provincia, especialmente en La Banda, donde trabaja en la parroquia de Lourdes y en los Hogares de Cristo.

Mientras gran parte del país lo conoce como “el cura que frenó la baja de imputabilidad”, muchos santiagueños ven otra faceta: la del sacerdote que acompaña a quienes atraviesan consumos problemáticos, pobreza y abandono.

No es defender el delito

Di Paola no presentó el hábeas corpus para defender el delito. La Federación que encabeza planteó una cuestión concreta: si ingresarán al sistema penal adolescentes de 14 y 15 años, ¿están preparados los establecimientos para recibirlos? ¿Hay profesionales suficientes? ¿Habrá educación, tratamiento de adicciones, atención psicológica, programas de capacitación? ¿O simplemente se incorporarán más chicos a instituciones saturadas?

La Justicia consideró que esos interrogantes merecían una respuesta y suspendió preventivamente por 60 días la implementación del régimen en territorio bonaerense. El planteo es más profundo que una discusión sobre cifras: si un Estado decide castigar, también debe estar preparado para recuperar.

La pregunta incómoda

La repercusión del caso tiene una explicación: toca uno de los puntos más sensibles de la sociedad. Es más fácil discutir si la edad debe ser 14, 15 o 16 años que preguntarse qué se está haciendo con los chicos antes de que lleguen al delito. ¿Cuándo abandonaron la escuela? ¿Cuándo comenzó su consumo? ¿Dónde estaba el Estado?

Nada de eso borra la responsabilidad frente al delito. Un adolescente que comete un hecho grave debe responder ante la Justicia. Pero prevenir significa llegar antes.

Francisco y los curas villeros

La historia de Di Paola tampoco se entiende sin Jorge Bergoglio. El futuro papa Francisco acompañó el trabajo de los curas villeros durante sus años como arzobispo de Buenos Aires. La idea era que la Iglesia no observara la pobreza desde afuera, sino que viviera junto a las comunidades. El Hogar de Cristo nació de esa lógica, y su lema, “Ningún pibe menos por la droga”, es una definición social.

Seguridad y oportunidades no deberían enfrentarse

Uno de los mayores errores argentinos es convertir cada discusión compleja en dos bandos irreconciliables. No debería ser necesario elegir entre las víctimas y los derechos de los adolescentes. Hay que defender a las víctimas, acompañar a sus familias, combatir al narcotráfico y establecer responsabilidades. Pero también hay que recuperar a los chicos que todavía pueden ser recuperados.

Si un adolescente de 14 años entra a una institución penal y sale años después sin educación, sin oficio y con vínculos criminales más fuertes, el Estado no habrá solucionado el problema. Solamente lo habrá postergado.

Santiago conoce al hombre detrás del titular

En estas horas, la Argentina discute al Padre Pepe. Algunos celebran su presentación, otros la cuestionan. Es legítimo. Pero desde Santiago se puede aportar algo diferente: contar quién es el hombre detrás del titular. El sacerdote que denunció al narcotráfico cuando hacerlo significaba ponerse en peligro. El cura que debió dejar Buenos Aires amenazado y encontró refugio en Campo Gallo. El impulsor de los Hogares de Cristo. El que volvió a elegir esta provincia para seguir trabajando con los que no tienen voz.

Su trayectoria no significa que tenga razón en todo, pero su palabra merece ser escuchada antes de ser descalificada. Porque detrás de una ley y de un expediente judicial existe una pregunta que ninguna sociedad debería dejar de hacerse: ¿qué hacemos para que ningún pibe sea considerado definitivamente perdido?