El crimen de Paulina Lebbos: 20 años de impunidad y un Estado que encubrió a los culpables

La Justicia probó el encubrimiento, pero no pudo encontrar a los asesinos. Veinte años después del homicidio de Paulina Lebbos, el expediente más complejo de Tucumán deja una conclusión amarga: se condenó a quienes desviaron la investigación, pero el crimen sigue sin autores.

La madrugada del 26 de febrero de 2006, Paulina Alejandra Lebbos desapareció. Su cuerpo apareció el 11 de marzo de ese año, pero desde el primer momento, la versión oficial de la Policía de Tucumán no coincidió con la realidad. Los jueces determinaron que los verdaderos halladores del cadáver fueron los hermanos Marcelo Adrián Goitea y Sergio Luján Goitea, pero esa información fue ocultada deliberadamente en los documentos oficiales para atribuir el hallazgo a la fuerza policial.

¿Quiénes fueron condenados por el encubrimiento?

El primer gran juicio terminó con las condenas del ex subcomisario Enrique Antonio García y los policías Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina, por confeccionar documentación falsa. Luego, la Justicia avanzó sobre la cúpula política y policial: el ex secretario de Seguridad Ciudadana Eduardo Oscar Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Raúl Sánchez, el ex subjefe Luis Nicolás Barrera y el ex titular de la Unidad Regional Norte Héctor Rubén Brito fueron hallados culpables de armar una “red de encubrimiento estatal”.

Uno de los hechos más sorprendentes fue la condena del ex fiscal Carlos Ramón Albaca, quien durante años tuvo a su cargo la investigación. Según la sentencia, el funcionario omitió impulsar medidas clave, paralizó líneas investigativas y dejó de explorar hipótesis relevantes, todo para impedir que se descubriera la verdad.

La sombra de Alperovich

Cuando ocurrió el crimen, José Alperovich era gobernador de Tucumán. Las sentencias no lo condenaron penalmente, pero todos los funcionarios que participaron en el encubrimiento respondían a su gobierno. El caso expone una discusión inevitable sobre la responsabilidad política del ex mandatario frente a un aparato estatal que falseó documentos, ocultó pruebas y desvió investigaciones.

Mientras las certezas sobre el encubrimiento aumentaban, las posibilidades de encontrar a los autores materiales del homicidio se desvanecían. Víctor César Soto, el principal sospechoso durante años, fue absuelto por falta de pruebas. Otros acusados también quedaron libres.

Las cuatro grandes sentencias coinciden en que la investigación fue orientada hacia hipótesis inconsistentes, mientras líneas potencialmente relevantes quedaron paralizadas o abandonadas. Esa dinámica, según los jueces, impidió identificar a los responsables del asesinato.

El rol de Alberto Lebbos

Durante estas dos décadas, Alberto Lebbos, padre de Paulina, fue un motor incansable. Impulsó nuevas medidas, denunció irregularidades y mantuvo viva la búsqueda de justicia cuando el expediente parecía estancado. Su actuación fue reconocida en distintas resoluciones judiciales.

Veinte años después, el saldo es contundente: la Justicia probó que hubo funcionarios que falsearon documentos, rastrillajes ficticios, actas falsas y desvíos deliberados. Probó que el fiscal de la causa fue condenado por encubrimiento. Pero ninguna sentencia logró responder la pregunta central: ¿quién mató a Paulina Lebbos?

El caso Lebbos es hoy un símbolo de la impunidad en Tucumán. El aparato estatal que debía garantizar una investigación transparente terminó condenado por haberla frustrado. El crimen sigue sin autores, y la verdad, perdida para siempre.