El costo de la licencia profesional se disparó y desde Provincia señalan a Nación: ¿quién define las reglas?

El Ministerio de Transporte bonaerense salió al cruce de las versiones que circularon en las últimas horas sobre los cambios en el régimen de licencias profesionales. La cartera que conduce Martín Marinucci aclaró que las condiciones para obtener o renovar estos permisos no fueron fijadas por la Provincia, sino que dependen del Gobierno Nacional.

¿Qué cambió con el nuevo decreto?

Según explicaron desde el Ministerio, la reforma nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite y credencial independiente. A partir de ese cambio, la habilitación para el transporte interjurisdiccional pasó a instrumentarse mediante las Licencias Nacionales de Conducir profesionales clases C, D y E, cuya emisión realizan las provincias que suscribieron el correspondiente convenio de delegación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

“La Provincia de Buenos Aires integra el Sistema Nacional de Licencias de Conducir desde 2010 y, como el resto de las jurisdicciones adheridas, cumple con las funciones que le fueron delegadas por el Estado Nacional, aplicando las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos por la normativa nacional”, señaló el comunicado oficial.

¿Quién pone los precios?

Uno de los puntos que más inquietud generó entre los conductores profesionales es el aumento en los costos de las evaluaciones. Al respecto, desde Transporte aclararon que el Gobierno Nacional dispuso que las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y las evaluaciones teórico-prácticas sean realizadas exclusivamente por prestadores registrados y habilitados por la ANSV. “El nuevo régimen no establece una tarifa nacional de referencia para esas prestaciones. En consecuencia, los valores son fijados y percibidos directamente por cada prestador habilitado, sin intervención económica de la Provincia ni de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir municipales”, afirmaron.

Por último, el Ministerio destacó que “resulta incorrecto atribuir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos, el esquema de prestadores o los costos de estas evaluaciones, ya que se trata de aspectos definidos por la normativa nacional y por la autoridad nacional competente”.