El consorcio que se quedó con el agua de 14 millones de personas y el dato que casi nadie vio

La puja por el control de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) terminó este mediodía en el quinto piso del Ministerio de Economía. Dos sobres, dos ofertas, y una diferencia de US$55 millones que definió el futuro del servicio de agua y cloacas más grande del país.

El Grupo Roggio puso US$285 millones sobre la mesa. El consorcio liderado por las empresas de Walter Román y Mauricio Filiberti, junto a la brasileña Águas do Rio, ofreció US$340,2 millones. Sin precio base, ganaba el que más dinero ofrecía. Así, la compañía que Néstor Kirchner les quitó a los franceses en 2006 vuelve al sector privado por tres décadas.

La operación cierra un ciclo de casi veinte años en los que el Tesoro nacional giró US$13.400 millones para sostener la empresa. El Estado recupera ahora poco más del 3% de ese dinero. La cifra final quedó lejos de las estimaciones oficiales, que especulaban con un valor cercano a los US$450 millones.

Quiénes están detrás del consorcio ganador

El nombre que encabeza la oferta es Rowing, la compañía de ingeniería y servicios industriales fundada por Walter Román. Se trata de un conglomerado de capital nacional con negocios en infraestructura, logística, correo, salud y medio ambiente. Para Román, es el salto más grande de su historia: pasa de contratista a operador del sistema de agua y cloacas más grande del país.

Román es ingeniero, tiene un perfil bajo y maneja su propia cartera de negocios desde los años 90, sin sus hermanos. Además de Rowing, es dueño de Urbano, uno de los principales correos privados del país, y de Santa Catalina, un grupo de doce clínicas de neurorrehabilitación. Hace poco compró un crédito en el concurso preventivo del Complejo Al Río, de Carlos De Narváez, y empezó a manejar inmuebles en Vicente López.

La experiencia en agua que exigía el pliego la aporta Arcos Saneamento e Participações, del grupo brasileño Equipav. Bajo la marca Águas do Rio, se quedó en 2021 con una de las mayores concesiones de saneamiento de Brasil. Los brasileños tendrían hasta un 25% del consorcio, sin el control. Completa la sociedad PHX Aqua AR BV, un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.

El socio más llamativo es Mauricio Filiberti. Su empresa Transclor es, desde 2009, la proveedora exclusiva del policloruro de aluminio que AySA usa para potabilizar el agua del Río de la Plata. En 2023, con Malena Galmarini al frente de la compañía y Sergio Massa en Economía, Transclor fue el único oferente en una licitación de más de US$127 millones para operar la planta de Bernal y abastecer ese insumo hasta 2026, con prórroga hasta 2029. Desde hoy, proveedor y cliente comparten dueño.

En el mercado lo llaman “el rey del cloro”. Filiberti es socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor y, junto a ellos, acaba de quedarse con Metrogas. Con el agua, completa la tríada: electricidad, gas y canillas metropolitanas.

Una empresa privatizada dos veces

AySA tiene una particularidad: ya fue privatizada en 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem le entregó el servicio a Aguas Argentinas, un consorcio liderado por la francesa Suez, con la catalana Agbar y Vivendi como socios. Tras la devaluación de 2002, la tarifa quedó congelada y las empresas reclamaban aumentos mientras el Gobierno las acusaba de no hacer las obras. El divorcio llegó el 21 de marzo de 2006.

Julio De Vido anunció la estatización con tono de parte de guerra: “El Presidente está firmando el decreto para crear la empresa AySA”. Habló de obras incumplidas, de dos millones de personas sin agua ni cloacas y de pozos con nitratos fuera de norma. Néstor Kirchner eligió la épica: “No estoy dispuesto, para que nos visite un presidente o una cancillería se quede tranquila, a bajar la vista”, desafió, con París en la mira. “El agua es un bien público que el Estado mínimamente debe garantizar que llegue a todos los argentinos”, agregó.

Siete meses después, al presentar el plan director de la flamante estatal, subió el tono: “La empresa Suez, con los argentinos más necesitados, se portó muy mal”. Contó que le habían dicho que la única forma de invertir era subir 51% la tarifa. “Este tipo de extorsiones, definitivamente, se tenían que terminar. Y dimos el paso”, remató. Prometió un plan de obras en doce años.

Para conducir la nueva estatal, el kirchnerismo puso al frente a Carlos Ben, que hasta ese momento era director adjunto de la misma Aguas Argentinas que acababa de ser echada. A su lado se sentó José Luis Lingeri, jefe del sindicato de Obras Sanitarias y hombre fuerte de la CGT. El Estado se quedó con el 90% de las acciones y el 10% restante quedó para los trabajadores. Lingeri sobrevivió a todos los gobiernos y gestiones, y ocupó una silla en el directorio en nombre de las acciones clase B.

La factura que pagó el Estado

La épica soberana tuvo su costo. Suez, Agbar y Vivendi fueron al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, y reclamaron US$1700 millones. En 2015, el tribunal condenó a la Argentina a pagar US$405 millones más intereses. Dos años después rechazó el pedido de nulidad y el reparto quedó firme: US$223,8 millones para Suez, US$123,7 millones para Agbar y US$37,4 millones para Vivendi. El británico AWG ganó otros US$20,9 millones en un expediente aparte.

Pagó Mauricio Macri. En abril de 2019, el Gobierno cerró la deuda con bonos: US$239 millones en Bonar 2024 y US$92,6 millones en Discount, después de negociar una quita cercana al 25%. Suez anunció que había monetizado su parte por unos €220 millones, alrededor de US$245 millones. La empresa que, según Kirchner, se había portado “muy mal” con los más necesitados terminó cobrando en dólares.

En la década kirchnerista, varias obras de AySA terminaron en los tribunales. Además de la causa por la planta de Tigre, la Sigen auditó el Sistema Riachuelo, financiado en parte por el Banco Mundial: uno de sus tramos pasó de un presupuesto de $1258 millones a más de $23.250 millones, con años de atraso.

El fetiche de Tigre y la motosierra

Con Alberto Fernández en la Casa Rosada, AySA quedó en manos de Malena Galmarini. Para el matrimonio Massa, fue mucho más que una empresa de agua: fue la vidriera de gestión del Frente Renovador en el conurbano. En 2021, la tarifa apenas cubría el 45% de los gastos operativos, la plantilla llegaba a 7962 empleados y el déficit total superaba los $131.000 millones. Ese año, el Tesoro giró $93.940 millones. Según los números oficiales, la dotación había crecido 90% desde la estatización y el rojo de 2023 trepó a $278.000 millones.

El actual gobierno acusa a esa gestión de haber convertido la empresa en una “plataforma de campaña”: un cuarto de las obras fue a parar a Tigre y a Malvinas Argentinas, y hubo patrocinios de eventos en esos mismos distritos. Días antes de dejar el cargo, mientras Javier Milei repetía que “no hay plata”, Galmarini compró 10.000 cajas navideñas por casi $120 millones.

Su influencia sobrevivió al cambio de signo político. Marcelo Papandrea, el primer presidente libertario de la empresa, duró apenas dos meses: lo desplazaron en febrero de 2024 porque no se había animado a tocar a nadie del equipo de la exfuncionaria.

Con Alejo Maxit al frente, desde abril de 2024 llegó la motosierra. La tarifa subió 209% de un saque y acumuló cerca de 538% en dos años. Unos 1200 empleados se fueron con retiros voluntarios que costaron $36.000 millones y la plantilla cayó 18%. “Eran más o menos 200 personas que respondían a la anterior gestión”, explicó Maxit. En seis meses, por primera vez desde 2006, lo que pagan los usuarios alcanzó para cubrir el gasto operativo. Según números oficiales, en 2025 la compañía facturó $1,53 billones y ganó $22.088 millones.

Maxit también anticipó el final del camino. “Se va a privatizar, de una manera transparente, de manera que sea lo más irreversible posible el proceso”, dijo en diciembre de 2024. Y puso un número como vara: lo que el Estado le pagó a Aguas Argentinas, actualizado, rondaba los US$500 millones. En Economía esperaban US$450 millones. La oferta ganadora fue de US$340,2 millones.

Qué compró el nuevo operador y qué debe hacer

El ganador se quedó con el 90% de las acciones; el 10% restante sigue en manos de los trabajadores. La concesión dura 30 años, hasta 2056, y admite una prórroga de diez años más. Abarca 3.363 kilómetros cuadrados en la Ciudad y 26 partidos del conurbano, con unos 15 millones de habitantes y más de 44.000 kilómetros de cañerías. El convenio colectivo vigente rige hasta 2028.

La inversión se planifica en ciclos de cinco años. El primero, el Plan de Acción 2027-2031, es de cumplimiento obligatorio y compromete $2,89 billones a valores de diciembre de 2025, unos US$1940 millones, para mantener, renovar y ampliar redes, plantas y sistemas troncales. El segundo quinquenio prevé otros US$2030 millones, y a lo largo de los 30 años la cuenta llega hasta US$15.040 millones. Un Auditor Técnico Independiente certificará cada año lo invertido.

Las metas de cobertura son, para decirlo con suavidad, prudentes. Hoy el agua de red llega al 74,5% de la población del área y las cloacas, al 63%. El compromiso para 2031 es 75,3% y 63,9%: menos de un punto en cinco años. Para 2036, 78,9% y 65,3%. Recién al final de la concesión, en 2056, el servicio deberá llegar al 90% en agua y al 75% en cloacas. Cuatro plantas de tratamiento cloacal quedaron postergadas para después del segundo quinquenio.

La tarifa queda congelada en términos reales durante el primer ciclo, sin aumentos adicionales salvo las excepciones previstas en el contrato. El modelo económico supone una rentabilidad real del 8,9%. Hay margen para ganar eficiencia: el 42% del agua que se produce no se factura, y de los cerca de 3,87 millones de usuarios, solo 860.214 tienen medidor.

La primera prueba llega en dos semanas. El 26 de octubre, el ERAS hará una audiencia pública por el cambio de los coeficientes zonales que se aplican a los usuarios sin medidor, que pasarían de 11 a cinco categorías.

Hace 20 años, el Estado echó a un operador privado en nombre de los más necesitados. Hoy le entrega la llave a otro, después de haber gastado más de US$13.000 millones y de pagarle a Suez más de US$300 millones en bonos. Uno de cada cuatro vecinos del área todavía no tiene agua de red, y más de un tercio sigue sin cloacas. Esa es la herencia que recibe el nuevo grupo operador.