El Consejo de la Magistratura definió el futuro de la fiscal Cendón en apenas cinco minutos

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción resolvió desestimar el expediente disciplinario contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón, abierto un año atrás por denuncias de maltrato, presiones y "conductas constitutivas de mobbing laboral severo" presentadas por otros funcionarios judiciales.

La decisión consistió en validar el informe del instructor sumariante, el legislador de PRO Juan Murillo Ongaro, quien dictaminó cerrar el camino a un posible juicio político y remitir las actuaciones a la Procuración General para que examine si los hechos denunciados pueden ser objeto de sanción en ese ámbito.

Una resolución exprés y sin fundamentos

El tratamiento del expediente que tuvo en vilo a la Justicia Penal de Bariloche durante varios meses no se extendió más de cinco minutos y ningún consejero fundamentó su posición. Primero avalaron el informe los tres legisladores habilitados: Lucas Pica, Marcelo Szcygol (JSRN) y Juan Martin (PRO). Luego el representante del Colegio de Abogados, Alejandro Valdés, dijo que tanto él como sus pares Gonzalo Pérez Cavanagh y Pablo Guerrero prestaban conformidad con la aprobación.

El procurador Jorge Crespo usó la palabra "irremediable" para justificar su abstención y evitar posibles recusaciones, ya que el expediente disciplinario quedó ahora a su cargo. El presidente del STJ y del Consejo, Ricardo Apcarian, confirmó el dictamen de Murillo.

La primera denuncia contra la fiscal jefe data de septiembre de 2025 y fue formulada por el entonces fiscal Tomás Soto (renunció poco después), los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Viterbori, el jefe de división Germán Torres y la defensora adjunta Mónica Goye, quien también presentó su renuncia.

La sesión comenzó a las 16 y el punto Cendón fue el último en tratarse. La sala principal de los tribunales locales estaba atestada de público, incluidos varios de los denunciantes, y llamó la atención la presencia en primera fila del intendente Walter Cortés junto al abogado y asesor del Ejecutivo municipal Martín Domínguez.

Qué dice el sumario que no se leyó

El informe de Ongaro no fue leído, ni siquiera sus párrafos salientes, y no es de acceso público, según aclaró Apcarian ante una consulta periodística. Dijo que hay partes "sensibles" que no corresponde difundir y que el trámite completado "no fue un juicio político" sino un trámite administrativo.

Las únicas referencias sobre el sumario, cuya tarea se extendió casi diez meses, surgieron de un parte de prensa del poder judicial. Una de sus conclusiones fue que "los testimonios no presentaron un cuadro uniforme que permitiera acreditar un hecho concreto e inequívoco con entidad suficiente para sustentar una imputación por mal desempeño o graves desarreglos de conducta".

El instructor no pudo establecer "la existencia de una práctica uniforme y sistemática de violencia laboral" por parte de Cendón. Señaló que "algunas personas describieron situaciones de tensión o cuestionaron el estilo de conducción", mientras que otras "señalaron haber mantenido relaciones laborales adecuadas y no haber sufrido ni presenciado situaciones de hostigamiento".

También revisó documentación, audios y capturas de pantalla que no alcanzaron para "corroborar objetivamente una conducta persecutoria o dirigida a provocar daño psicológico". Sobre las formas de interacción cuestionadas, observó que "algunas pudieron haber resultado desafortunadas, inconvenientes o impropias desde la perspectiva de las buenas prácticas de liderazgo", pero no alcanzaban gravedad para avanzar hacia un proceso de remoción.

Respaldo, críticas y un antecedente que pesa

El intendente Cortés se retiró conforme: dijo que le pareció una buena decisión y que la fiscal cuestionada es "una excelente persona".

Entre los asistentes estuvo el exjuez y referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Rubén Marigo, quien cuestionó las falencias del sumario. La entidad no pudo participar como veedora pese a un pedido expreso y, para Marigo, resultó "grave" que no se admitieran testimonios clave, entre ellos los de médicos y psiquiatras que hubieran certificado los perjuicios del maltrato. "El poder disciplina de esta manera", concluyó.

La abogada que representó a los denunciantes, Carla Orticelli, consideró lo ocurrido "un escándalo institucional" y cuestionó la "doble vara" del Consejo: en 2021 la jueza de El Bolsón Erika Fontela fue destituida por una acusación muy similar y tiempo después corrió la misma suerte el camarista laboral de Viedma Gustavo Guerra Labayén, por acumulación de expedientes atrasados.

Orticelli observó que el sumariante citó a 45 testigos pero a ninguno de los propuestos por la denuncia ni a los propios denunciantes. "Llama la atención que avalen esto un Colegio de Abogados y una Justicia en sí misma que en forma permanente capacitan contra el maltrato laboral", dijo.

El expediente no fue archivado: pasó a la Procuración General, donde Cendón podría recibir una sanción menor. Los denunciantes aún no definieron qué pasos seguirán.